Aquiles Córdova Morán

Cárcel, tortura y balas para detener a los candidatos antorchistas

El lunes 20 de abril de los corrientes, otra vez sin mucha sorpresa, leí el desplegado que publicó la oficina nacional de prensa del Movimiento Antorchista en el que se denuncian las desapariciones forzosas, las torturas y el ilegal encarcelamiento que la autoridad municipal de Texcoco, abiertamente respaldada por el candidato de MORENA a la alcaldía de ese municipio, Higinio Martínez Miranda, comete contra antorchistas mexiquenses que reparten volantes a la ciudadanía con información sobre el verdadero carácter y actividad cotidiana de su movimiento, obligados por las calumnias sucias y descaradas que la gente de MORENA viene difundiendo desde hace rato. El objetivo de la campaña es cubrir de lodo a todos los antorchistas, pero en particular al Dr. Brasil Acosta Peña, candidato del PRI a la misma alcaldía a que aspira Higinio Martínez. En la noche de ese mismo día, en un noticiario televisivo, me enteré de que gente de ese mismo partido montó una farsa (también con fines electorales) consistente en un bloqueo en calles de Coyoacán para protestar contra el “robo y asesinato de niños”, delitos absolutamente inventados según aclaró el gobierno del D. F. La opinión pública nacional no debe pasar desapercibidos estos hechos (ojalá los electores texcocanos hayan visto también la nota); todos estamos obligados a preguntarnos: ¿hacia dónde vamos con MORENA? ¿Hay un Pol Pot con todo y sus “Khmer Rojos” en nuestro futuro?

Pero, con toda la gravedad de estos hechos, no es de ellos que hoy quiero ocuparme, sino de lo que el jueves 16 de este mes publicó la prensa poblana casi en los mismos términos: “Ajalpan, Puebla.- La madrugada de este jueves, un grupo de pistoleros al servicio de caciques de la Sierra Negra baleó la casa de Yolanda Pacheco, suplente de la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 16 de Puebla, Edith Villa Trujillo, y quemó la camioneta de Alfonso Flores, líder del Movimiento Antorchista en Ajalpan. Ambos hechos ocurrieron a unos metros del domicilio de Edith Villa”. Por su lado, el vocero del antorchismo poblano, el periodista Aquiles Montaño Brito, precisó que el ataque ocurrió a las 3 de la madrugada; que fueron varios sujetos, armados con fusiles de asalto, los que hicieron varios disparos contra el domicilio de Yolanda Pacheco; que poco después llegó la policía de Ajalpan que se limitó a recoger los casquillos percutidos, sin hacer ninguna otra diligencia ni cruzar palabra alguna con la afectada ni con los pocos que la acompañaban a esa hora; que, al mismo tiempo, otro grupo armado (al parecer el mismo que atacó el domicilio de Pacheco) se introdujo al patio de la vivienda de Alfonso Flores y le prendió fuego a su camioneta, una herramienta indispensable para el trabajo que desempeña en la actual campaña electoral.

Que este ataque armado es, a despecho de las apariencias, una amenaza directa a la vida y/o a la integridad física y psicológica de la candidata a diputada propietaria por el distrito de Ajalpan, la antorchista Edith Villa Trujillo, buscando (en un primer momento) amedrentarla y hacerla desistir de su propósito (o al menos, de obligarla a bajarle el gas a su campaña), no lo discute nadie: es algo tan obvio y evidente que lo acepta, sin más, toda la prensa seria de Puebla, todos los funcionarios de gobierno y electorales (aunque sólo sea en privado) y la opinión pública de la ciudad de Ajalpan y de todo el distrito electoral. Tampoco hay duda sobre quiénes ordenaron directamente el atentado, pues es claro que se trata de la misma pandilla caciquil que por años ha controlado el poder de la zona por medio de la violencia y el terror, para explotar en su provecho a la masa irredenta (en particular a los indígenas de la Sierra Negra, uno de los más grandes y terribles bolsones de pobreza del país), a la que considera como de su propiedad, al mejor estilo de un señor feudal del Medioevo. Toda la gente del distrito conoce nombres y apellidos de esos mafiosos, cuenta su historia de abusos, explotación y violencia criminal para mantener su poder sobre la población y los señalan sin dudar como los responsables del atentado, aunque en voz baja por temor a represalias. Los antorchistas, por nuestra parte, tampoco nos chupamos el dedo: conocemos todo lo que hay que conocer de esos señores y haremos públicos sus nombres en caso de que las autoridades respectivas no cumplan con su deber de investigar y castigar este crimen.

Pero ellos no son el eslabón final de la cadena; creemos que ésta va bastante más allá de los pistoleros y sus jefes inmediatos y visibles, primero, porque todo mundo sabe que, en el México de hoy, es prácticamente imposible esconder un arsenal, del tipo de armas que sea, pero en particular de armas largas de alto poder, y circular con ellas por donde sea y a la hora que sea, sin ser descubierto por las autoridades encargadas de la seguridad pública, a menos que se cuente con poderosos padrinos para ello. Por tanto, la pregunta se impone: ¿cómo logran los atacantes de Yolanda Pacheco y de Alfonso Flores esconder sus armas, llegar al lugar preciso, efectuar su ataque y retirarse limpiamente, sin ser descubiertos por nadie? La duda se refuerza si recordamos que la policía de Ajalpan acudió a la escena del crimen sólo después de que los sicarios habían escapado; que se limitó a “limpiar la escena del crimen” sin intentar ninguna otra diligencia y que, al tiempo que las “fuerzas del orden” hacían su tarea, los sicarios atacaban en otro punto, lo que sugiere una probable coordinación entre unos y otros.

Pero hay más. El diario INTOLERANCIA, en su edición del 18 de abril, escribió: SSG descarta focos rojos en el estado. Y en el cuerpo de la nota dice: “La Secretaría General de Gobierno (de Puebla, aclaro yo) en voz de su titular, Jorge Cruz Bermúdez, descartó que tenga considerado algún plan para reforzar la seguridad de los candidatos pese a que esta semana se presentó el segundo incidente de violencia”. Dos cosas son de notar en esta declaración. La primera es el silencio absoluto sobre los sucesos de Ajalpan; la segunda es lo oportuno de la misma. ¿Es que acaso no es asunto del responsable de la política interior del estado este tipo de agresiones a mano armada que amenazan con descarrilar la democracia, ni tampoco ofrecer la mínima garantía de seguridad a las víctimas de las mismas? Y afirmar, en cambio, a unas horas del atentado, que no habrá ningún reforzamiento de la seguridad de los candidatos, ¿no equivale a alentar a los pistoleros a seguir cometiendo este tipo de atrocidades, seguros de que no corren ningún peligro?

Y para cerrar el cuadro, el DIARIO CAMBIO, en su edición del 20 de abril, dijo: “Minimiza Deloya atentado vs candidata suplente en Ajalpan”. Y a renglón seguido explica: “El presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, Guillermo Deloya Cobián, minimizó el hecho que hombres desconocidos hayan baleado en la madrugada del jueves pasado la casa de la candidata a diputada federal suplente por el Distrito XVI con cabecera en Ajalpan, Yolanda Pacheco. En breve entrevista […] consideró que no es necesario que se refuerce la seguridad de los abanderados poblanos por este hecho, ya que en Puebla aún hay condiciones de seguridad (…)”. ¿Condiciones de seguridad para quién, habría que preguntar al declarante? Parece, pues, que ambos funcionarios están absolutamente de acuerdo, puesto que esta segunda declaración, por su contenido y por su sentido de la oportunidad, parece calcada de la del Secretario de Gobernación. La cuestión, entonces, se plantea así: ¿se trata sólo del descuido y la falta de sensibilidad de dos funcionarios importantes? ¿O más bien eso explica la actuación de la policía de Ajalpan? ¿Qué tan alta anda, en este caso, la oposición a que Antorcha conquiste puestos de elección popular por vía democrática y siga avanzando en su proyecto de un país más soberano, más rico y más equitativo para todos sus hijos?