Aquiles Córdova Morán

Gobierno de Baja California: injusticia, represión y escarnio

El pasado 24 de julio, un grupo de habitantes de Mexicali organizados en las filas del Movimiento Antorchista de Baja California, se acercaron al palacio municipal (nunca pusieron un solo pie dentro del inmueble) donde despacha el presidente municipal panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, para demandarle atención a sus múltiples demandas, todas dentro de los programas de obras y prestación de servicios que maneja el Ayuntamiento mexicalense y que han venido gestionando desde hace meses, sin que hasta hoy hayan recibido algo más que promesas, aplazamientos y amenazas de los funcionarios municipales. Y fue precisamente este largo, penoso e inútil vía crucis lo que finalmente los decidió a presentarse en grupo, el jueves 24 de julio, para intentar hablar directamente con el señor presidente y conocer de viva voz la respuesta a su pliego de peticiones.

        Pero lo que consiguieron fue muy distinto a lo que esperaban: en vez de atención respetuosa y respuesta clara a sus justificadas quejas, de manera intempestiva y sin advertencia alguna (aunque fuera para disuadirlos de su protesta), un numeroso contingente de policías, armado con todo tipo de instrumentos contundentes, se les echó encima y comenzó a propinarles una feroz paliza, sin cuidarse de en qué parte del cuerpo de las víctimas descargaban sus furibundos y rabiosos golpes y sin distinguir entre hombres y mujeres, adultos y niños, discapacitados o gente en aptitud de al menos correr para escapar de la brutal agresión. El resultado fue el que tenía que ser: hombres y mujeres policontundidos, niños y anciano descalabrados, madres e hijos con crisis nerviosas o en estado de “shock” y 5 dirigentes detenidos, entre ellos Dióscoro Gómez Vázquez, miembro del Comité Estatal Antorchista de Baja California. Estos últimos fueron golpeados, torturados verbal y psicológicamente, y reiteradamente amenazados con todo tipo de “castigos” durante los tres días en que fueron huéspedes de honor del Presidente panista de Mexicali.

        Tras la golpiza, soltaron a su jauría mediática (pagada por cierto con los impuestos de las mismas víctimas de la represión) para desorientar, desinformar y confundir a la opinión pública con una versión falsa y distorsionada de los hechos y ocultar la arbitrariedad y el abuso de poder del presidente municipal. “La policía municipal expulsó a manifestantes del ayuntamiento por bloquear las puertas de acceso” dijo la prensa. Pero sólo se puede expulsar de un lugar o recinto a quien se halle dentro de él y los antorchistas, como ya dije, nunca pusieron un pie dentro del inmueble del Ayuntamiento, razón por la cual no pudieron ser expulsados de allí. Y en cuanto a que “bloquearon las puertas de acceso”, yo puedo probar, con fotografías y videos en mano, que esa acusación es totalmente falsa; que los antorchistas nunca “bloquearon” ningún acceso, ni voluntaria ni involuntariamente, y que se trata, por tanto, de una sucia maniobra mediática para justificar la represión. Otro reportero escribió  que “Elementos de la policía tuvieron un enfrentamiento con un grupo de manifestantes…” ¿Un “enfrentamiento”? ¿Entre quienes? ¿Entre un grupo de gente humilde y pacífica que buscaba un poco de justicia social, y un contingente policiaco, armado y entrenado para reprimir a la población? ¡Por Dios! También el ridículo tiene un límite, señor presidente de Mexicali.

        Pero lo mejor del “show” policíaco y mediático son los cargos formulados contra los 5 detenidos. Según declaraciones oficiales, se les acusa de “ultrajes a la autoridad, lesiones y lesiones agravadas”. Vayamos por partes. “Ultrajes a la autoridad”. ¿Qué ultrajes son esos? ¿Es ultraje acaso denunciar la falta de atención a demandas de la gente que el gobernante tiene la obligación legal de atender y resolver?  Y si eso es “ultraje”, ¿no lo son más el hambre, la falta de vivienda, de servicios, de alimentación, de salud, de educación, etc., que sufre la gente todos los días, mientras sus “servidores públicos” se dan vida de reyes con sus impuestos y vuelo apaleándolos cuando osan protestar por ello? ¿Y no haría mejor el señor presidente en ponerse a meditar que tan ciertos son los “ultrajes” que la gente grita en las calles y en la manera de ponerles un remedio efectivo, en vez de mostrar una piel tan sensible como la de los soberanos absolutos de otras épocas y en vez de encarcelar a quienes se atreven a decir la verdad? Y sobre las “lesiones y lesiones agravadas” sólo cabe interrogarse: ¿Qué lesiones? ¿A quién? ¿Con qué arma? ¿O es que acaso los detenidos “lesionaron” a los toletes policíacos con sus sufridas espaldas, sus “mugrosas” cabezas o “sucias” y macilentas caras? Usted dirá, amigo lector.

        Pero debo decir que con la represión de Jaime Rafael Díaz Ochoa estamos, ni más ni menos, que ante un caso de amenazas cumplidas, porque pocos días antes de que ocurriera, funcionarios del gobierno que encabeza el Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, también panista, habían amenazado, personal y directamente, al presidente del Comité Estatal Antorchista y de la Coordinadora Regional del Noroeste, Profr. Ignacio Acosta Montes, exigiéndole que suspendiera sus protestas públicas o, de lo contrario, el gobierno “tomaría otra actitud”. Nacho Acosta no se dejó intimidar y exigió, a su vez, que el gobierno cumpliera con sus promesas de campaña, con el pliego de demandas del antorchismo bajacaliforniano que hace meses obra en su poder y con lo ofrecido a una comisión especial, integrada por el gestor nacional de Antorcha y por dos diputados al H. Congreso de la Unión que se entrevistaron con ellos. La paliza y el encarcelamiento que digo no es, pues, otra cosa, que la respuesta del gobernador Vega de Lamadrid a la firmeza del líder Antorchista, sólo que usando la mano de gato del gorilita que ocupa la presidencia municipal del Mexicali.

        Y sobre todo esto, todavía el escarnio. El día 4 de agosto, el diario El Mexicano informó que el subprocurador de justicia para la zona de Mexicali, Fernando Ramírez Amador, declaró que “un juez de garantías determinó abrir una investigación para determinar la responsabilidad de los <<antorchistas>>. Se les vinculó a proceso con un plazo de investigación de tres meses, y la medida cautelar será de ir a firmar al área correspondiente cada semana… Ramírez Amador expuso que los <<antorchistas>> serán procesados por ser presuntos responsables de los delitos de ultrajes a la autoridad, lesiones y lesiones agravadas”. ¿A qué viene esta reiteración altanera de la afrenta cometida contra cinco líderes antorchistas? No puede entenderse sino como la reafirmación de la voluntad represiva del gobierno contra quienes insistan en defender a los más humildes, y como una burla y un desafío a la capacidad de respuesta del antorchismo nacional en defensa de su gente. De acuerdo con esto, parece obvio que el presidente  municipal de Mexicali  y el gobierno de Baja California son los mejores instigadores del descontento y de la rebelión popular, pues a la vista de la delicada situación que se vive en el país y en el mundo entero, no hacer justicia a los pobres, reprimirlos brutalmente  y encima de eso hacer escarnio de su impotencia para defenderse  es el mejor camino para invitarlos a enfrentar a la fuerza pública y a quienes la mandan, si hace falta para hacerse oír y hacer respetar sus legítimos intereses. Los gorilitas norteños no debieran quitarle el ojo a lo que ocurre en Oaxaca y preguntarse: ¿Es eso lo que buscan? Si así fuere, que no busquen culpables fuera de ellos mismos cuando semejante situación se presente en su gallinero. Vale.