Aquiles Córdova Morán

Gobierno oaxacqueño tendrá que responder por la vida de dirigentes antorchistas

Por lo visto, el Gobernador de Oaxaca, Lic. Gabino Cue Monteagudo, ha decidido escalar el conflicto con el Movimiento Antorchista de aquel estado (y al parecer, incluso con el Antorchismo Nacional), tal como se dejó ver en el grosero engaño sobre los avances en la solución del conflicto agrario entre Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, de que hablé en mi artículo anterior. Dije allí que, en una mesa de diálogo muy seria, en la que participaron, además del Gobernador y altos funcionarios de su gabinete, representantes muy calificados de la SEDATU, de Gobernación Federal y de importantes instancias de Seguridad Pública, el Lic. Gabino Cue aseguró que se había llegado ya a un acuerdo con el grupo de Mixtepec, y que restaba únicamente dar los pasos necesarios en el terreno para dejar el problema definitivamente resuelto; nada dije, por no creerlo pertinente en ese contexto, sobre su respuesta a las demandas de carácter social de los antorchistas oaxaqueños. Ahora, para completar el cuadro, aclaro que el Gobernador se comprometió, salvo aquellas no contempladas en el plan nacional de combate a la pobreza, resolver todas esas demandas sin mayores tropiezos, y allí mismo instruyó a sus funcionarios para afinar con los representantes de Antorcha los detalles y proceder de inmediato a la realización de dichas obras.

Dije que lo dicho en el conflicto agrario fue una pura vacilada para una reunión que merecía respeto por todos conceptos; ahora añado que, sobre el otro punto, la cosa fue peor: no se hizo absolutamente nada, ni siquiera un simulacro de negociación que desembocara en las maniobras y las falsas promesas de siempre. Los defraudados, pues, fueron obligados a efectuar una marcha multitudinaria (con 15 mil personas) en la ciudad de Oaxaca, el día 1° de abril de los corrientes, para protestar por la falta de seriedad del gobierno y para exigir la inmediata instalación de la mesa ofrecida por el Gobernador, pero, como era previsible, nadie hizo caso a sus protestas. Los antorchistas tuvieron que seguirse de frente con su plan de lucha, que abarca todo lo que resta de este año, y comenzaron a preparar su siguiente gran movilización (más de 40 mil personas); paralelamente, iniciaron una campaña de información y difusión, una parte de la cual era  colocar “espectaculares” en las vías de mayor flujo vehicular en los que, junto a la efigie del gobernador, se ve el vehículo incinerado en el que fueron masacrados y desfigurados once indígenas de Yosoñama con la leyenda: “En Oaxaca no hay obra pública ni justicia para los pobres”. Y eso era todo.

Sí, eso era todo, pero bastó para enfurecer a alguien con mucho poder. Cuando, el domingo 6 de abril a las 8:30 de la mañana, se estaba colocando un espectacular más, llegó un piquete de policías estatales, armado y uniformado, que prohibió la operación, confiscó el material y se retiró sin agregar más. Exactamente la misma operación se repitió a las 9:30 de la mañana, en otro punto distinto. Y repito que fueron policías estatales uniformados, es decir, perfectamente identificados. No pararon ahí las cosas. A eso de las 5:00 de la madrugada del lunes 7, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados con armas largas, bajaron los únicos dos espectaculares que se habían alcanzado a colocar antes de la violenta reacción de que hablo. Y que todo fue como digo, está fuera de duda porque los espectaculares estaban vigilados a la hora del ataque. Ante la denuncia pública del Ing. Gabriel Hernández, líder del antorchismo oaxaqueño, hubo dos reacciones oficiales que vale la pena ver de cerca. Primero, el mismo lunes por la tarde, Gabriel recibió una llamada del Lic. Jorge Castillo, asesor y, según se dice, gente muy cercana al Gobernador, quien de entrada le dijo: “quiero hablar contigo antes de que sea demasiado tarde”; Gabriel manifestó su extrañeza por la frase sibilina y Castillo “aclaró”: “sí, antes de que suceda lo que va a suceder” (¿?¡¡). Ya en la entrevista, Castillo insistió en que el gobernador nada tenía que ver con los hechos; que “seguramente se trataba de gente simpatizante” que habían tomado la iniciativa sin pensar en el daño a la imagen del “señor Gobernador”. Y repitió, ya de salida, la “total” disposición para atender la obra social de los antorchistas. La otra reacción es un comunicado de prensa del gobierno que titularon “Respeto irrestricto del gobierno de Oaxaca a la libertad de expresión”, y que comienza así: “Gobierno de Oaxaca se deslinda (¡¡”deslindarse”, palabra mágica de moda que limpia de todo pecado a los peores delincuentes con solo invocarla!!) de imputaciones que lo responsabilizan de desinstalar (sic) espectaculares donde se cuestiona la atención gubernamental”.

En el cuerpo de la nota se insiste en el “deslinde” y se “exhorta” a los quejosos a denunciar los hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado; para ello es “necesario que los acusadores señalen con precisión el número y ubicación de los espectaculares, contratos publicitarios, así como evidencia fotográficas y los testimonios de testigos a quienes consta el hecho objeto de la denuncia”. Sólo faltó el requisito de que también entreguen a los culpables convictos y confesos. Pero debo ir a lo esencial: es claro que ambas acciones buscan librar de responsabilidad al Gobernador, algo muy natural pero muy difícil, si no se olvida que el primer ataque fue obra de la policía estatal; pero también buscan, aunque en forma menos abierta, dejar el mensaje de que hay gente decidida a todo, armada con armas de última generación, que actúa por su cuenta, como y cuando mejor le parece, por lo que puede cometer los peores atentados sin que el gobierno tenga en ello responsabilidad alguna ni medios para evitarlo. Una amenaza de muerte (que aclara el sentido del lenguaje sibilino de Castillo) de la cual el gobierno busca lavarse las manos desde ahora.

Pero gente del mismo equipo de gobierno nos asegura que toda la “tenebra” en torno al caso Mixtepec-Yosoñama está armada y protegida por funcionarios tan cercanos al gobernador, que éste se niega a removerlos a pesar de que sabe bien que son ellos quienes obstaculizan la solución al problema, los que apoyan incondicionalmente a la mafia de Mixtepec con todo y sus feroces agresiones y crímenes contra Yosoñama, y son, hoy, los que movieron al grupo armado que secuestró los espectaculares al amparo de la noche. Y concluye quien esto asegura: mientras esa gente esté en el gobierno, el conflicto no se resolverá; por el contrario, se agravará cada día más y lloverá más sangre de inocentes. Ustedes (antorchistas) deben exigir su salida, pues es gente que no sólo abusa del poder, sino que mancha y deshora la tarea de gobierno. ¿Sus nombres? Antropólogo Carlos Moreno Derbez, Jefe de la Oficina de Concertación Agraria, y José de Jesús Silva, Subsecretario de Gobierno. Usted, señor gobernador, tiene la palabra. Pero una cosa queremos dejar clara los antorchistas del país: no creemos que la obligación de garantizar la vida y las libertades de los antorchistas de Oaxaca sea de algún funcionario menor ni de la mafia de Mixtepec, sino de usted señor Gobernador, y así lo haremos valer si llegara a darse el caso. Y también queremos que quede claro que no somos nosotros quienes, caprichosamente, echamos sobre sus hombros esta responsabilidad, son las leyes vigentes en el país, aplicables al caso.