Inelegibilidad en la terna que envió el Ejecutivo para ocupar vacante de magistrado

Tras la salida de Ángel Francisco Flores Olayo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), queda una vacante para la cual el Gobernador del Estado Mariano González Zarur, ya envió la terna para suplirlo, la cual ha generado el malestar de un sector de los abogados tlaxcaltecas.

El grupo de juristas hará llegar al Congreso del estado, un documento en el que plasmarán una serie de inconsistencias en los expedientes personales y profesiones de los tres abogados que integran la terna propuesta por el Ejecutivo del Estado.

"Se han postulado aspirantes que no cumplen con los requisitos para el cargo y solo buscan intereses personales, lo único que pretende el Ejecutivo es monopolizar el Poder Judicial en el estado, ya que dan prioridad a compadrazgos y familiares", señalan.

El magistrado Ángel Francisco Flores Olayo saldrá del tribunal el próximo 15 de julio, debido a que ya tiene 65 años y la Constitución Política de Tlaxcala, establece haber llegado a esa edad como una de las causales para dejar el cargo, por lo que no fue ratificado por el Congreso Estatal.

La terna está integrada por Héctor Maldonado Bonilla, Esther Teroba Cote y Cristina Quintero Martel, los tres tienen lazos familiares y de compadrazgo, pero todo indica que las dos mujeres sólo son de relleno, acusaron los denunciantes.

El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, es hijo de Inés Bonilla Sosa, ex directora de Protección a Víctimas en el estado de Puebla. Sin embargo, tanto Héctor Bonilla como Esther Teroba no tienen uno de los requisitos más importantes para ser magistrado, tener experiencia jurisdiccional. En tanto, por tercera ocasión, la otra aspirante es Cristina Quintero Martel, también es calificada como inelegible dado que no reside en Tlaxcala, sino en Apan, Hidalgo.

Cabe señalar que Quintero Martel es ahijada de Inés Bonilla y Esther Teroba Cote, esposa del Secretario de Acuerdos en Apizaco, Rafael Sánchez Sosa, quien es sobrino de Inés Benita Bonilla Sosa. Con ello, según enfatizaron los abogados, se demuestra el monopolio del poder que pretende Inés Bonilla Sosa construir aprovechándose de su pareja, el abogado Héctor Maldonado Villagomez, ex procurador de Puebla y Tlaxcala, quien es el asesor del actual gobierno.

De acuerdo con versiones de los propios trabajadores del poder Judicial, informaron que la familia Maldonado Bonilla ya tiene a su gente dentro del Tribunal, como la magistrada Leticia Ramos Cuatle, comadre de la familia, y a Sofía Ruiz Escalante como consejera.

Los abogados hacen énfasis en frenar la estrategia de la familia Maldonado Bonilla para monopolizar el poder Judicial, por lo que consideran, es procedente proponer una terna diferente con personas aptas para el puesto y que cumplan con lo estipulado en el Artículo 11, de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado, en el que se señalan dos aspectos importantes que los candidatos no cumplen, uno de ellos, residir en el estado desde hace cinco años de manera ininterrumpida y tener experiencia jurisdiccional.

De hecho, los abogados acusaron que todo apunta a que, con dicha terna propuesta por el Gobernador del Estado, pretenden beneficiar a Héctor Bonilla, quien, denunciaron, no puede ser elegido dado que no cuenta con la experiencia jurisdiccional ni con el requisito de residir en el Estado desde hace cinco años, puesto que él lleva escasamente cuatro años en Tlaxcala debido a que recientemente volvió de Puebla.

Y peor aún, que no ha renunciado a su cargo actual como Consejero Jurídico en la administración de Mariano González, ya que de acuerdo con el artículo 83 fracción V de la Constitución Local y 95 de la Federal y 116 fracción III, debió haber renunciado desde hace un año, para ser elegible.

Además, los abogados recalcaron en que se trata de un "capricho", ya que el desempeño de Héctor  Maldonado Bonilla "deja mucho que desear", claro ejemplo de ello es el fracaso que tuvo con el proyecto de la Plaza Bicentenario y el de la Central de Abastos en Xaltocan, el cual significó una penalización millonaria para los tlaxcaltecas, además de la mala defensa del caso de los notarios público.