Pide que en la nueva Fiscalía General de la República se establezcan facultades para combatir

En el Conversatorio “Experiencia Internacional y el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la Trata de Personas”, la senadora Adriana Dávila Fernández dijo que ahora que se encuentra en la Cámara de Senadores la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República, es necesario establecer sus facultades respecto al combate a este delito.

La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas señaló que no se puede atender a una víctima de trata como si se tratara sólo de violencia contra las mujeres; ello, agregó, generaría un choque verdaderamente difícil porque no es lo mismo la violencia generada por abuso doméstico que el obligar a las personas a servicios forzados, “como ser sicarios y halcones”.

Dávila Fernández insistió en la importancia de establecer con claridad las facultades en la nueva Fiscalía en esta materia, de lo contrario, no se podrá identificar a las víctimas de trata “si no logramos tener claro cuál es el origen” del delito como lo señala el Protocolo de Palermo.

Durante el desarrollo del Conversatorio, Siobhán Mullally, presidenta del Grupo de Expertos Contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), habló en su ponencia sobre las aportaciones de este Consejo al priorizar los derechos de las víctimas

Explicó que en el Consejo de Europa “tenemos un enfoque basado en derechos humanos que reconoce que la trata de personas es un crimen muy serio, una violación a los derechos humanos y, por ello, se requiere que los Estados reconozcan la importancia de la equidad de género”.

Detalló que desde el 2016 se adoptó un procedimiento de seguimiento anual donde los Estados miembro deben entregar un reporte sobre las recomendaciones presentadas, y se ha encontrado que “la brecha más grande” en la implementación de la Convención se relaciona con las obligaciones de los Estados para con los niños en los temas de prevención, identificación, acceso a la protección y asistencia.

Siobhán Mullally dijo que el proceso de identificación de posibles víctimas de trata es una de las obligaciones positivas de todos los Estados, “no es una responsabilidad de la víctima hacer una auto identificación. Sin esta identificación de la víctima todos los otros derechos implícitos que vienen en la Convención, como el derecho a asistencia legal, permanencia, asilo, no podrían iniciarse”.

Por su parte, Marika McAdam, especialista de Australia en derechos humanos, trata de personas y tráfico de migrantes, destacó la importancia de generar documentos temáticos de protocolo que permitan prevenir, reprimir y sancionar este tipo de delitos, especialmente en mujeres y niños.

Dijo que es necesario tener mayor claridad de toda la metodología que se utiliza en todos los casos, a efecto de darles un enfoque transversal. Se debe de estudiar caso por caso, base por base y circunstancia por circunstancia.

Mencionó que dichos protocolos deben incluir mecanismos de seguridad y una descripción exhaustiva de las condiciones de vulnerabilidad que existen en las diversas regiones del mundo, así como las acciones para disminuir este riesgo.

Participaron en el conversatorio, Mariana Rendón, encargada de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones; Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad de la PGR; Adriana Lizárraga, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, y Lidia Araceli Gómez Santillán, Director de Control y Verificación Migratoria de la INM.