Carlos Noé Sánchez Rodríguez

¿En Tlaxcala, las garantías constitucionales qué?

Ya hay mucha gente que ve con preocupación lo que está pasando en el Estado de Tlaxcala, no solo porque la economía se halla en declive, como lo indican las propias cifras del INEGI, sino sobre todo porque desde el inicio del sexenio se está presentando un clima político enrarecido que hacía ya un buen tiempo no se hablaba: el golpeteo constante, a veces violento, de parte de la autoridad gubernamental a todo aquello que huela a organizaciones y entes, que consideran disidentes la falta de obra pública trascendente, la corrupción por todos lados, la ausencia de un dialogo entre los actores políticos y la inconformidad cada vez más de los funcionarios menores y hasta mayores por la forma de gobierno; casi todos los días aparecen noticias de que la policía arremete contra el pueblo, sea culpable o no, y lo más grave es la violación sistemática de los derechos constitucionales, hasta el uso de los recursos más retrógrados que algunos de los panistas usaron al decir que “solo se puede hacer gestiones individualmente”.

      En efecto el gobierno tlaxcalteca no se recata al lanzarse contra la Constitución Mexicana a pesar de que sigue siendo ésta la fuente del derecho mexicano; efectivamente parece que no le preocupa  el malestar del pueblo causada por la enorme desigualdad económica, pues según la CONEVAL, 8 de cada 10 tlaxcaltecas sufren pobreza de algún tipo, no le preocupa además que las demandas del pueblo sean a todas luces justificada y hasta aprobada por ellos mismos, y además  cuando el pueblo usa su legítimo derecho de protestar públicamente, porque no tiene otra salida ni alternativa, y porque además este derecho esta consagrado por la Ley fundamental citada, es reprimido al usar retenes policiacos violentos para impedir la libre manifestación de las ideas de justicia, equidad, libertad y un mínimo de bienestar para todos.

         La historia mundial habla en alto, al recordar como cuando los gobiernos ya no pueden gobernar bajo sus propias leyes, la única forma de conducir a su pueblo es a través de la violencia, pero esos gobierno se acercan a un debacle social, que terminan casi siempre derribando a un autócrata y creando situaciones de inusitada violencia que hoy a nadie conviene, también nos dice la historia que los representantes de estos gobiernos casi nunca advierten estos peligros, pues el poder ciega e insensibiliza.

         Un solo ejemplo es lo que sucede con el Movimiento Antorchista, sus demandas son claramente conocidas por los funcionarios, sobre todo el Secretario de Gobierno, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como del actual presidente del PRI estatal, saben muy bien que los antorchistas tiene la razón y que el trato es a todas luces violento y errado, y creen que con la represión van a calmar las legítimas demandas de los pobres, saben muy bien que la calumnia y el lodazal que puedan echar de hoy en adelante es parte de esa equivocada política que conduce a que los ciudadanos pierdan absolutamente toda la fe en el Estado, y sobre todo por el partido a quien dieron su voto, pues no faltara quien les diga: “ya ven, se los dije!”.

         A través de esta columna hago un llamado al Ejecutivo a reconsiderar su guerra sucia contra las demandas del pueblo pobre, a los funcionarios públicos del estado a recobrar la dignidad y el agradecimiento de TODOS los tlaxcaltecas y no llevarse para siempre el desprecio o la indiferencia de un gobierno que no cumplió lo que ofreció, a los antorchistas a redoblar la lucha que apenas empieza, y al pueblo tlaxcalteca a rescatar el orgullo y la dignidad que siempre lo ha enaltecido.