Bernardino Vázquez Mazatzi

Escritor y Periodista

La detención del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera es un rotundo éxito de la actual administración federal y el resultado de esta acción traerá importantes bonos de confianza de parte de la comunidad internacional.

Hacia adentro del país, la captura de uno de los delincuentes más buscados en el mundo no es más que el cumplimiento de una obligación constitucional y una muestra palpable de lo que se puede lograr cuando existe voluntad.

Así, es de reprocharse la actitud, negligencia y complicidad de los gobiernos emanados del PAN que pudieron y debieron, pero no quisieron, cumplir con su deber y obligación. Tal vez porque existían intereses oscuros y la libertad del capo beneficiaba a más de dos…

Porque no es creíble que tanto Vicente Fox Quezada como Felipe Calderón Hinojosa ignoraron el paradero del chapo y los alcances financieros de sus negocios. La base social creada por el narco delataba su presencia por medio de sus inversiones públicas y, por otro lado, los beneficiarios vía nómina negra eran muchos, de los más altos niveles y eran tan muchos que siempre fue muy difícil pasar desapercibido.

Joaquín Guzmán contó siempre con la complicidad voluntaria o bajo amenaza de muy altos mandos policiacos y políticos. Su poder económico y su saña para convencer exigían ese tipo de resultados y consecuencias. Siendo notoria su presencia en muchos ámbitos de la vida económica y social del país, por fuerza debió ser localizable pero siempre fue, a conveniencia, invisible y por ende, invencible.

El régimen de Enrique Peña Nieto debió, primero, hacerse de la voluntad necesaria para detener al chapo fugado del penal puente grande, Jalisco, luego, sacudirse el poder que este ejercía sobre determinados sectores sociales y niveles del aparato político y policial y finalmente, operar magistralmente desde la política internacional y la diplomacia para hacer aun más espectacular esa aprehensión que, quiérase o no, hará que a México se le vea a partir de ya con otros ojos, con mayor confianza y respeto.

En estos momentos en nuestro país, salvo obstinadas excepciones, los mexicanos reconocen sin regateos el triunfo institucional del presidente de la república y su valor personal por retar al poder de la delincuencia que corrompe todo. Los mexicanos de bien celebran la voluntad del jefe del ejecutivo federal por luchar en contra de las mafias que se han enquistado como el peor de los males de las sociedades modernas.

Pero esas muestras de confianza del pueblo a sus instituciones no son gratuitas. En realidad significan una enérgica exigencia al presidente Enrique Peña Nieto por llevar a tribunales y a la cárcel a aquellos que le facilitaron la vida, el enriquecimiento, la impunidad al chapo y el mensaje de muerte que dejaron siempre sus actividades.

Ahora el pueblo pide a las instituciones del Estado mexicano completar la tarea arrancando de raíz ese cáncer sin empotar que con ello se ponga al descubierto el nombre, el rostro y el cargo de importantes funcionarios y personajes que estuvieron al servicio del capo. Porque los hay. Y son muchos. Son nombres de gente de páginas de sociales, de apellidos de alcurnia y de fortunas sospechosas.

Por otro lado, lo que exige la sociedad a su presidente de la república es no dormirse en sus laureles con esta captura, no darse por satisfecho ni pasar sus horas vanagloriándose con este logro creyendo que es suficiente.

Ahora le pedimos en forma de ruego y de exigencia que vaya tras presidentes municipales, gobernadores y funcionarios públicos que traicionaron la confianza de las instituciones republicanas y del pueblo y se han enriquecido de forma vergonzosa y que viven en la opulencia y la impunidad.

Tiene el respaldo y la confianza social para poner tras las rejas a aquellos que al dejar el poder de tres años se llevaron hasta la basura de las alcaldías, a quienes por seis años se dedicaron a construir elefantes blancos y endeudaron a los estados federados con la compra de miles de zapatos y camisas y a quienes desde el puesto de secretario de gabinete federal o estatal saquearon libremente hasta el grado de comprar jueces para permanecer en la impunidad.

La delincuencia no se acaba con el chapo adentro o con la detención de rateros de ocasión; la impunidad no se incuba sólo con la complicidad institucional sino con la omisión de quienes debieran impartir justicia pero que le ponen precio a su trabajo; la inseguridad o la recuperación de la paz no se terminan o inician con la construcción de más cárceles… hace falta más, mucho más.

Que se haga lo que haya que hacerse pues quien hace algo puede equivocarse pero quien no hace nada, ya está equivocado. Adelante, señor presidente.