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/ Tlaxcala, México.
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GARANTÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO, UNA AGENDA QUE HAY QUE ATENDER

*Dip. Vicente Morales Pérez
 
La atención a ciudadanos, que por alguna razón han sido víctimas de algún delito que lesiona su integridad, es una obligación de la autoridad que, siendo realistas, no se cumple en Tlaxcala y debe ser remediado a la brevedad mediante reformas a la ley, sobre todo en épocas en las que el país en general y la entidad es escenario de hechos violentos que antes se consideraban lejanos.
 
Salvaguardar los derechos de los ciudadanos y procurar mejores condiciones de vida, es una de las obligaciones de los gobiernos y de aquellos que hemos sido elegidos para representar sus intereses.
 
Con este espíritu se creó el Fideicomiso del Fondo de Protección a Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el estado de Tlaxcala, que tiene como finalidad garantizar los intereses de los principales afectados por hechos de esta índole.
 
Su tarea es proporcionar ayuda de manera eficiente y eficaz a las víctimas en forma integral, asesoría jurídica, atención psicológica, médica, de trabajo social, apoyos económicos definitivos por única ocasión y, en determinados casos, de servicio funerario cuando la víctima pierda la vida.
 
Se pretende también enfrentar el problema de la inseguridad social por hechos delictuosos y cambiar la percepción de la sociedad con respecto a sus leyes, a las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia, así como a los organismos defensores de los derechos humanos.
 
La premisa es que se fortalezcan los derechos constitucionales de las víctimas de los delitos, partiendo de que un auténtico Estado de Derecho no puede olvidarse de ellas, sino protegerla, tutelarla y darle seguridad.
 
El fondo fue creado a partir del Decreto 130, de fecha nueve de enero de 1998, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, para otorgar apoyos económicos definitivos, gastos funerarios, servicio de inhumación de personas que mueren en calidad de desconocidas, inhumación de miembros o extremidades de personas centroamericanas que sufren accidentes en las vías del ferrocarril, repatriación de las personas que mueren en Estados Unidos, así como de personas centroamericanas que fallecen en la entidad.
 
Desafortunadamente en la actualidad no se cumple el objetivo para lo cual fue creado el fondo, ya que en la mayoría de los casos no se proporciona de manera integral estos beneficios y derechos constitucionales a las víctimas.
 
Basta ver que de los tres millones de pesos recibidos en 2011 para cumplir con los apoyos antes mencionados, 500 mil pesos no fueron ejercidos y ahí la pregunta que surge es ¿No habrá víctimas por apoyar?
 
Debo mencionar también que al parecer ni las víctimas ni los agentes del ministerio público tienen pleno conocimiento de la existencia del fideicomiso que, según se aprecia, se encuentra en el anonimato, arrumbado, solitario, abandonado y escondido.
 
A los lectores les pido que imaginen la situación que enfrentan aquellos que han sido víctimas de algún hecho delictivo y que además de ello, tienen que esperar demasiado para hacer uso de su derecho a denunciar, reciben mala atención por los servidores públicos, no les reparan los daños y perjuicios, gastan en pasajes, gasolina, atención medica, servicio funerario, pierden el tiempo y para colmo los agentes del ministerio público tardan mucho en consignar la averiguación previa o en otros casos las archivan porque prescribió el ejercicio de la acción penal.
 
Si consideramos el dolor de la víctima y de su familia, podemos entender que la afectación emocional psicológica es verdaderamente inconcebible, por lo aquellos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cooperar para hacer más eficientes las instituciones y los apoyos a que tiene derecho la sociedad, no debemos rehuir a la tarea y hacernos de la vista gorda ante los problemas y deficiencias de nuestras leyes.
 
Por todo lo que he expuesto anteriormente, refrendo que presentaré la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, para crear la Subprocuraduría de Protección a las Víctimas de los Delitos y se derogue el Decreto de creación del Fondo de Protección a Victimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados y su presupuesto pase a formar parte de la nueva figura de creación, tal y como en la mayoría de las entidades federativas.
 
La tarea está pendiente y debe atenderse de manera conjunta con aquellos encargados de aplicar la ley, por lo que pido la suma de esfuerzos en beneficio de la sociedad y sobre todo con aquellos con quienes se tiene una deuda al ser víctimas de algún delito.
 
Integrante de la LX Legislatura.
 
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