Jesús Ortega Martínez
Modernizar sin privatizar

En el sector energético en particular, empresas públicas como Statoil de Noruega y Petrobras de Brasil tienen altos grados de eficiencia.

A propósito del debate sobre la reforma energética, ha resurgido con fuerza la visión maniquea, y por lo tanto falsa, de que toda administración de las empresas por parte del poder público es ineficiente y toda administración por parte de sector privado es eficiente. Existen una multiplicidad de ejemplos que desmiente la visión mencionada.

Como bien señaló el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, el pasado domingo ante un Zócalo lleno en defensa del sector energético mexicano, la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) resultó en la desaparición del servicio a pasajeros y en el oligopolio ineficiente de este tipo de transporte, lo que a su vez significa que el país no cuenta con un sistema ferroviario que beneficie a las personas y al comercio.

Asimismo, la banca privada en México obtiene altos márgenes de ganancia, pero brinda servicios de baja calidad y alto costo para los usuarios, sin cumplir la función de intermediación financiera, restringiendo el crédito, y con altas tasas de interés y comisiones desproporcionadas. Además, no hay que olvidar que la mala administración y la corrupción en las instituciones bancarias derivó en la quiebra de la mayoría de ellas en la década de los noventa, teniendo el Estado que rescatarlas por medio del Fobaproa-IPAB.

En el sector energético en particular, empresas públicas como Statoil de Noruega y Petrobras de Brasil tienen altos grados de eficiencia que les permite competir en el mercado mundial de los energéticos. Por otro lado, la empresa privada Enron, una de las más grandes empresas del sector energético en Estados Unidos, quebró en 2001 debido a su ineficiencia y a la corrupción en su interior.

Expongo estos ejemplos para dejar claro que nuestra oposición a las iniciativas del Ejecutivo federal y del Partido Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales para liberar el sector energético mexicano, no está basada en dogmas, sino en la racionalidad de que no es conveniente ni económica ni administrativamente.

No estamos en contra de la participación privada en el sector energético, pensamos que industrias tan estratégicas deben de ser controladas por el Estado en beneficio de la población.

Cuando nos referimos a que el sector energético sea controlado para el bienestar de la gente, nos referimos a una industria eficiente que genere recursos para el desarrollo humano y provea a la industria nacional de insumos baratos y de calidad; contrario a la situación actual, donde se benefician principalmente un puñado de contratistas, funcionarios y líderes sindicales corruptos, y el gobierno utiliza los recursos económicos generados por el sector para satisfacer necesidades hacendarias.

Tenemos la certeza que el sector energético mexicano no puede continuar como se encuentra. Son indispensables y urgentes reformas profundas, de gran calado.

Sin embargo, la realización de estas reformas no implica de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la entrega de los recursos naturales de la nación a unos cuantos particulares. Debemos defender el petróleo como patrimonio de todas y todos los mexicanos, garantizar la seguridad energética de nuestro país.

Es posible modernizar sin privatizar por medio de reformas que permitan un cambio en el régimen fiscal de las empresas públicas del sector, su autonomía presupuestal y gestión, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la conversión del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico, y políticas de Estado para la transición energética basadas en el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.

*Ex presidente del PRD

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