Claudio Cirio Romero

La semana pasada en la cámara de diputados se aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia que, tan llevada y traída ésta, finalmente pasa a los Congresos Locales para su respectiva aprobación.

Veremos cómo se va desgranando este conjunto de aprobaciones y en qué términos se estará haciendo en cada entidad, pensando que los legisladores locales puedan avizorar los compromisos que se adquieren con ello.

Desde nuestro punto de vista tres grandes aspectos generales contiene.  Primero, lo más sonado, el fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (IFAI) otorgándole la autonomía constitucional; segundo, el incorporar de manera importante a otros sujetos obligados, como el poder legislativo federal, el poder judicial, así como partidos políticos sindicatos; y tercero, la idea de crear leyes generales en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos.

Y es precisamente en este último aspecto donde se encuentra una especie de promesa que la clase política mexicana hace a todos los mexicanos.  Y decimos promesa porque pecando un poco de escepticismo, pese al notorio avance que representa la citada reforma por sí misma, estamos frente a un ofrecimiento solemne que nos hace esperar algo bueno, aunque nada lo asegure.

Dice la minuta aprobada que se adicionan dos fracciones al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para darle la facultad al Congreso, con la primera de ellas, la XXIX-S “Para expedir leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.”  Y con la segunda, la XXIX-T “Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.”

Se entiende, o por lo menos eso es lo que me parece más lógico, que estamos hablando de tres leyes generales, aunque el transitorio segundo de dicha reforma, pareciera no ser tan preciso al respecto.  Pero lo importante es que el Congreso de la Unión,  tendrá “…un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación…” para expedir tales leyes.

Suponiendo que la aprobación requerida de la mitad más uno de los Congresos Locales, de las entidades federativas, estuviera a más tardar en el mes de enero del 2014 y por esas fechas se hiciera la publicación en el Diario Oficial de la Federación entonces tales ordenamientos secundarios estarían a más tardar a principios de 2015.

Y a partir de ahí, dice el transitorio quinto “Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido…”

Como vemos, si todo este proceso mantiene el ritmo que tuvo la reforma constitucional en la materia, entonces tenemos todavía un buen rato, quizá poco más de dos años, para que la promesa de la reforma se manifieste en las entidades federativas.

Por ello es que el meme elaborado por Manuel Silva Coache (el chicharito de la transparencia) y que circuló la semana pasada en Facebook y Twiter, es con todo el sentido del humor contenido, una desafortunada realidad.  Manuel trae a cuento la famosa frase de Manolín (cómico de mediados del siglo pasado), escéptica por la forma en que la pronunciaba en sus películas, “¡fíjate que suave!” como respuesta a la afirmación (¡casi júbilo general en los medios de comunicación y las redes sociales!) de que “Ya hay reforma en materia de Transparencia”.

Pero no queremos ser pesimistas, sino más bien llamar la atención en estos detalles para continuar la presión hacia los legisladores y obligarlos a no ocupar todo el tiempo que les da la minuta para continuar con el proceso legislativo.

Considero que desde la academia, la sociedad civil organizada y principalmente desde la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) se puede, se debe iniciar ya el trabajo para elaborar propuestas de tales leyes generales y catalizar sin apresuramientos, la conclusión de tan importante avance.

Material para hacerlo hay suficiente, estoy seguro, por ejemplo el cuaderno 03 de la Red por la Rendición de Cuentas de Jaqueline Peschard en materia de acceso a la información pública.

Y si no de todos modos, hemos soportado tanta espera en nuestro proceso de democratización que dos años más no pueden mutilar nuestro anhelo.

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