Claudio Cirio Romero

Como decíamos en nuestra reflexión de inicio de la presente semana, consideramos importante hablar de la próxima renovación del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala, por lo que implica en términos de la continuidad que debe haber en este órgano autónomo.

Ahora queremos enfocarnos en el procedimiento que se seguirá en el Congreso del Estado para realizar la selección de los nuevos Comisionados que entrarán en funciones el 2 de enero de 2014.

De acuerdo con el artículo 53 de la ley vigente en la materia (http://www.caip-tlax.org.mx/pdf/l-accinf2012.pdf), dicho procedimiento consta de 6 aspectos o etapas.

El primero se refiere a la convocatoria pública mediante la cual se hace el llamado a los interesados que en principio cumplan con los requisitos que analizamos ya aquí en el artículo pasado.  En él, por un error de cuentas dije que la fecha límite que tiene la comisión respectiva para presentar al Pleno de la LX Legislatura local dicha convocatoria era el 19 de noviembre cuando en realidad es el lunes 18 de noviembre. Hecha la aclaración paso al tema de hoy.

El segundo aspecto marca en términos generales lo que básicamente debe contener tal convocatoria en siete incisos, de los cuales nos interesa destacar que: se ordena sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, debe señalar fecha y horario en que la Secretaría Parlamentaria recibirá las solicitudes, fechas en que se hará la evaluación, documentos que se deben presentar y el nombre de los sinodales.

De lo que nos interesa destacar los dos últimos, por considerar que deben ser exhaustivos y puntuales para generar la confianza de que estamos frente a un procedimiento transparente.

Por un lado, respecto a “los documentos que los interesados deberán presentar para acreditar los requisitos exigidos;” por la ley, es necesario que estos sean establecidos sin ambigüedades.  Es decir si se dice por ejemplo que se debe “Tener grado de licenciatura en el área de las ciencias sociales, con título legalmente expedido;” quizá valga la pena exigir no sólo el título sino también la Cédula Profesional para darle más fuerza.  Considero incluso que también cuestiones como el “prestigio profesional y personal” pueda exigirse documentos que lo prueben, como reconocimientos emitidos por entidades públicas, educativas u organizaciones sociales.

Y de igual manera me parece que debe listarse con precisión qué documentos se considerarían válidos para probar “experiencia en actividades profesionales, del servicio público o académicas…” relacionadas con el tema.  E incluso qué valor numérico tendría la constancia de un curso o un diplomado, la publicación de un artículo científico o una ponencia en eventos académicos y hasta la realización de un proyecto de investigación.  Así cómo qué valor tendría haber sido encargado de un Área Responsable de Información o el desempeño laboral en el órgano garante.

Se dirá que quiero ser muy exhaustivo y exigente, pero me parece que en la medida que así sea la convocatoria, más certeza se dará al procedimiento y más legitimidad se dará a quienes se designe Comisionados, tanto propietarios como suplentes.

Y por otro lado, que en la convocatoria se publique el nombre de los profesionales que harán de sinodales en la “aplicación de la entrevista” resulta no solo sano sino vital para dar certeza a su veredicto.  Entendemos que se refieren con “entrevista” al “examen oral” del que se habla en el apartado referido a la evaluación que se hará a los aspirantes; cuestión que está un poco confusa en la ley, pero que en la convocatoria debe aclarase lo más posible.

Dice la ley que se hará dicho examen oral sólo a aquellos aspirantes que aprueben un previo examen escrito.  De estos exámenes hablaremos en nuestra siguiente colaboración por considerar que merecen un análisis más profundo.

De esta manera tenemos que habrá, por decir así, tres filtros (el cumplimiento de requisitos, el examen escrito y el examen oral) luego de los cuales se tendrán nueve finalistas, también por llamarlos así; de los cuales en sesión plenaria de la LX Legislatura se nombrará a tres propietarios y tres suplentes. Y aquellos rendirán protesta a más tardar el 29 de diciembre.

Considero y debo decirlo así con ánimo crítico que desafortunadamente la ley puede permitir todavía cierta discrecionalidad y opacidad en el nombramiento de los nuevos Comisionados, cosa que se puede evitar con voluntad política de los diputados.  Voluntad y ánimo que se verá en la medida en que la convocatoria de la que hemos hablado sea puntual y clarifique lo que la ley deja un poco confuso; además de que establezca perfectamente bien las fechas de los plazos que se deben cumplir y que a la vista de todos, se palpe que ello ocurre correctamente.

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