Debido a la no prestación del servicio médico conforme a lo estipulado en el contrato colectivo, trabajadores agremiados a distintos sindicatos, promovieron amparos ante la justicia federal, los cuales fueron resueltos a su favor, en consecuencia el gobierno del estado que encabeza Lorena Cuellar deberá brindar la atención medica como se hacía anteriormente a través de pensiones civiles.
El Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala, brindó protección a quienes promovieron dichos recursos legales, de quienes se resguarda su identidad, pues incluso presentan enfermedades graves, que no había sido atendidas adecuadamente desde el 6 de agosto cuando fue suspendido el servicio y se contrató a la empresa Operadora de Servicios Médicos ML. para que los brindara a partir de esa fecha.
Ante las deficiencias de la nueva modalidad en la prestación de los servicios médicos, cientos de trabajadores al servicio del estado, han salido a las calles a marchar y se han manifestado en eventos públicos donde está presente la gobernadora para pedirle establezca una mesa de diálogo y logren acordar las mejoras en dicha prestación.
Al no haber respuesta, algunos trabajadores, principalmente quienes enfrentan complicaciones graves de salud, son las que se han visto en la necesidad de buscar la protección de la justicia federal y de esta forma obligar a la gobernadora a entregarles medicamentos y la atención médica para las enfermedades crónico degenerativas que enfrentan.
Ante la serie de amparos otorgados, los quejosos de quienes se resguarda su identidad, refieren que eso solo demuestra la ilegalidad en la que incurrió la gobernadora al firmar un contrato con una empresa, que no cumple con la prestación del servicio médico contemplado en el contrato colectivo.
Cabe recordar que la queja contra la empresa, se deben a la falta de medicamentos en los módulos, no hay personal médico suficiente ni especializado y tampoco hay capacidad para atender los servicios de análisis clínicos.
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