La gobernadora minimiza la trata de personas al igual que la contaminación y sus impactos en la cuenca, e incluso ha llegado a negar el primer problema, destaca el informe del Centro Fray Julian Garcés Derechos Humanos y Desarrollo local A. C., en su edición 21.
La directora de la organización, Alejandra Méndez Serrano, expresó que tras 21 años siguen tejiendo resistencia dentro y entre las comunidades de la Cuenca del alto Atoyac, ante la devastación que se ha ido profundizando con la permisibilidad normativa, la laxitud de las leyes, así como por la avaricia de las empresas, que ha sido el impulsado por el gobierno del sistema capitalista mundial, que genera severos estragos, así como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que siguen ampliándose tras estos años.
Asimismo, Alejandra Méndez resaltó que el gobierno del estado y el atropello de las empresas mexicanas y extranjeras ha ido acrecentando el problema de la contaminación de la cuenca, pues estas últimas vierten a los ríos Atoyac, Zahuapan, Alseseca, sustancias contaminantes como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cromo, tolueno, cloroformo, entre otros.
La directora del centro Fray Julián destacó que en la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impulsada por la Coordinadora de Por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julian Garcés, claramente se asienta la relación entre la contaminación y los daños a la salud, además de la violación a distintos derechos de las comunidades.
Méndez Serrano recordó que han pasado 6 años de haberse emitido la recomendación y que los gobiernos de todos los niveles se han visto públicamente obligados a reconocer y responder a ella, al tiempo que destacó, que la sociedad civil juntos a la academia construyeron una propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac - Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades.
Aseguró que la respuesta ante la devastación por parte del poder Ejecutivo ha sido equivoca o de simulación, al promover la inversión industrial, sin condicionantes, exponiendo aún más a la población a los efectos devastadores de su política, aunado a ello el Congreso del estado y los diputados contribuyen a esa lógica de inversión y consecuente violación de derechos, al proponer la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Marcela González, la cual fue turnada a comisiones y tiene una perspectiva privatizadora de agua, orientada a favorecer a las empresas y pasa por alto las estructuras comunitarias ancestrales.
Además de todo lo anterior, Méndez Serrano expuso que el relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, en su reciente visita a Tlaxcala se sumó a la preocupación sobre lo que ocurre en la región, como son las ejecuciones de personas, desapariciones, violencia social, violencia de género y el mantenimiento en operación de redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Alejandra Méndez destacó que la gobernadora minimiza la operación de redes de tratantes y "con cinismo ha señalado que la trata no existe en Tlaxcala, mientras que en un doble discurso se dice preocupada ante la violencia hacia las mujeres".
Asimismo destacó que la gobernadora en junio de 2022 refirió que no había tenido ningún tema de trata durante sus primeros nueve meses de gobierno, pero lo cierto es que la Alerta de Violencia de Género, no ha resultado ser un mecanismo eficaz para disminuir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y no podrá serlo mientras la mandataria siga sin reconocer el problema.
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