El caso de los detenidos por el linchamiento en Tlalcuapan en abril del año pasado ha escalado y ha sido retomado por organizaciones de derechos humanos a nivel nacional que aseguran que las verdaderas causas de su detención está ligada a su labor en defensa de los bosques de la Malinche y podrían recibir una sentencia de hasta 50 años de prisión.
El caso que ha comenzado a tener difusión a nivel internacional por medios digitales data de mediados de 2022, cuando Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, fueron acusados por autoridades de Tlaxcala, por homicidio calificado por el linchamiento ocurrido el 15 de abril de ese mismo año en Tlalcuapan, por lo que el 14 de julio aplicaron las órdenes de aprensión en su contra, según describió la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todos y Todas” (Red TDT) y cuyas declaraciones han comenzado a circular en medios de otros países, tal es el caso de la plataforma Resumen latinoamericano.
La misma red dio a conocer que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), ha asesorado y acompañado legalmente a la comunidad, lo que les ha permitido documentar irregularidades durante el proceso y que su detención está ligada a lucha por el bosque de la Malinche y no al linchamiento del que se les acusa.
Indicaron que desde el año 2018 la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, se había movilizado para pedir apoyo a los tres niveles de gobierno ante el crecimiento de la población del descortezador que daña a los árboles del bosque aledaño a su territorio ancestral, en este proceso participaron Saúl y Raymundo como presidente de comunidad.
Pese a los esfuerzos de los activistas la respuesta del gobierno no fue suficiente ante la falta de brigadas que atendiera a la plaga sumado a un manejo inadecuado por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, destacó la Red en un comunicado en el que se sumó a la exigencia de libertad de ambos activistas por la defensa del bosque de la Malinche.
En este documento la red expresó "ahora, toca el turno del Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, resolver la situación de Saúl y Raymundo y determinar si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala cuenta con pruebas suficientes para acreditar su participación en la comisión del delito del que se les acusa, así como juzgar con una perspectiva intercultural".
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