A nivel nacional, la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar fue señalada de solapar a violentadores de derechos humanos de un menor, pues protegería a uno de sus funcionarios de primer nivel, el cual se niega a pagar lo que corresponde a la pensión alimenticia de su hijo de apenas un año nueve meses que requiere de tratamiento médico.
De acuerdo a la revista Proceso, el gobierno estatal, que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, enfrenta una denuncia por presuntamente brindar protección al Secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, para que evada el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo.
Esto ocurriría a pesar de que la gobernadora de Tlaxcala, reiteradamente ha declarado ser aliada de las mujeres y que su gobierno siempre buscará apoyarlas, son embargo, se expone la protección que daría a un funcionario de su gabinete para que éste no pague la pensión alimenticia de su hijo, violentando así los derechos del pequeño y de su progenitora.
La madre del pequeño, Tania Vianey Rodríguez González, levantó una demanda ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, en contra del Oficial Mayor del gobierno estatal, Ramiro Vivanco Chedraui, de la directora de Recursos Humanos, Miriam Montiel y del jefe de Departamento de Relaciones Laborales, Jorge Armando Muñoz López, por los delitos de falsedad en informe de autoridad, fraude procesal, obstrucción de la justicia y los que deriven.
De acuerdo a información de Proceso, Vianey Rodríguez, dio a conocer que desde diciembre de 2022, un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35 por ciento del sueldo del secretario de Medio Ambiente, para cubrir las necesidades de manutención de su hijo, sin embargo, el funcionario ha usado sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad, por lo que se ha convertido en deudor alimentario.
Se destaca que el secretario de Medio Ambiente, es ahijado político de Rabindranath Salazar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, además de que fue coordinador de la campaña de la actual gobernadora, el ex senador morelense y Cuéllar Cisneros fungieron como padrinos en la boda entre Luis Antonio Ramírez Hernández y Tania Vianey Rodríguez González celebrada en diciembre de 2021.
Vianey Rodríguez aseguró que funcionarios del gobierno estatal han recurrido a tácticas como reducción del salario de su ex pareja, reportando retenciones presuntamente ficticias, con el objetivo de disminuir el monto a asignar para la manutención del hijo de ambos, además de que pretende que solo se le descuente un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que gana, que equivalen a 5 mil 754 pesos mensuales, mientras que de aplicarse el 35 por ciento ordenado por el juzgado familiar se le tendrían que descontar 29 mil 453 pesos.
En la entrevista concendida a Proceso, Vianey Rodríguez, aseguró que el funcionario no ha querido pagar la manutención de su hijo a pesar de que fue diagnosticado con inmadurez pulmonar y neurológica por haber nacido prematuramente.
Además de la demanda por la pensión alimenticia del menor, Vianey Rodríguez, también interpuso una demanda por violencia familiar y otra por amenazas, ambas en contra del funcionario, pues asegura que mientras vivió con él ella y su hijo sufrieron violencia física, verbal y psicológica, por lo que en noviembre de 2022, tras un episodio decidió separarse, por lo que interpuso las demandas la primera Carpeta de Investigación con número CJM01/1477/2022 en la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos y la segunda, se aperturó la CDI SC01/15398/2022.
Posteriormente el juzgado familiar de Jilutepec, Morelos, le otorgó la custodia preventiva del niño sin permitir visitas del funcionario estatal al tiempo que ordenó la pensión alimentaria el 31 de diciembre del 2022 esa misma autoridad emitió un exhorto al Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala para que emitiera el aviso a las autoridades correspondientes para realizar el descuento de la pensión alimenticia al funcionario, a favor del niño y de su madre.
Tras el exhorto, la madre del menor aseguró que las autoridades de Tlaxcala han dilatado el proceso, por lo que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Además, en busca de apoyo escribió una carta dirigida a la gobernadora en donde le relataba su situación y la necesidad de dar la atención médica a su hijo, sin embargo, la secretaría particular de la gobernadora le hizo saber que esos eran asuntos personales y que no se entrometería.
En una segunda llamada le dijeron que la gobernadora de Tlaxcala, estaba muy preocupada por la situación del menor y que le mandara las terapias y estudios pendientes del bebé, para que la gobernadora los cubriera, lo cual nunca ocurrió aseguró Vianey Rodríguez y que en una tercera llamada le informaron que le entregarían el pago de la manutención que solo era solo era de 5 mil 754.8 pesos.
Vianey Rodríguez, detalló que de acuerdo a los documentos que anexó en sus denuncias, de 92 mil 462 pesos que Luis Antonio Ramírez, ganaba en diciembre de 2022, su salario se redujo a 84 mil 152 pesos a partir de enero.
Por lo que en ese momento le dijo a la persona que la atendió que el sueldo del funcionario era mucho mayor y le argumentaron que era porque el secretario tenía otras pensiones que pagar, por lo que pidió que se le entregara el CFDI de su ex pareja, pues aseguró que el sueldo del funcionario era mucho mayor pero Vianey Rodríguez dio a conocer que en un inicio le proporcionaron el documento impreso pero que al darse cuenta de que en este se veía reflejado un descuento de 21 mil pesos a su favor y no la cantidad que le estaban entregando, la persona a cargo, le arrebató la hoja de las manos, lo cual, dijo, fue un evidente acto de corrupción.
Ante ello Vianey Rodríguez, descargo de la página del SAT, los CFDI del funcionario, en donde confirmó que no tenía pensiones a cargo más que la de ella y su hijo, posteriormente se informó que las retenciones que se aplican al salario del secretario corresponden a Josefina Hernández Reyes, quien es su madre y a Ana Karina Moncada Rodríguez, de quien se desconoce relación, pero en internet aparece que fue contratada como asesora del Senado en 2017, cuando Rabindranath Salazar Solorio, era parte de ese órgano legislativo.
Por lo que la denuncia penal que presentó Vianey Rodríguez, también incluye a la madre del funcionario y a Moncada Rodríguez, por “prestarse” a lo que sería un fraude procesal, con el que se priva a un menor de la manutención que legalmente le corresponde.
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