La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a México eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa impactaría en Tlaxcala donde hasta 2021 el 40.9 por ciento de reclusos estuvo más de 2 años en prisión preventiva, sin que se les dictara sentencia.
Con ello, el estado duplicó la media nacional que fue de 22.7 por ciento, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021.
Los mismos datos del Inegi señalan que de los procesados en Tlaxcala el 34.5 por ciento tardó de 1 a 2 años y el 24. 9 por ciento de 6 meses a 1 año esperando sentencia, siendo el delito de robo por el que 33.7 por ciento de reclusos fue condenado siendo el de mayor incidencia.
En febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un cambio en el criterio para dictar que el tiempo de espera en prisión preventiva solo podrá ser de máximo 2 años, según determinó
Ahora a raíz del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años en prisión sin tener una sentencia, el alto tribunal internacional ha ordenado al país eliminar la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa, la cual está contemplada en la Constitución mexicana en su artículo 19, que envía de forma automática a la cárcel a los acusados en una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial, sin que lo decida un juez.
La prisión preventiva se aplica para un catálogo de 16 crímenes como el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda.
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