El gobierno del estado de Tlaxcala simplemente ignoró la recomendación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo plazo para ser contestada finalizó en enero de 2022, cuando ya se encontraba en funciones el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Dicha recomendación, que fue la primera emitida por el organismo, tenía como objetivo que los jueces y magistrados fueran electos con base en sus capacidades y no en sus vínculos con otros funcionarios.
La que fue la primera recomendación emitida por el Sistema Anticorrupción fue acordada el 15 de enero de 2018 y fue dirigida al poder Ejecutivo y Legislativo de los estados, dándoles un plazo de cuatro años para responder sobre los avances en la materia.
El plazo para que los poderes Legislativo y Ejecutivo aceptaran o rechazaran esta recomendación, venció el 27 de enero de 2022 y el 25 de mayo del mismo año el Comité Coordinador presentó un informe al respecto.
Ahí se específicó que el gobierno de Tlaxcala nunca dio respuesta a esta recomendación y sinplemente decidió ignorarla, en este mismo caso se encontró Quintana Roo.
Además de que de 64 oficios emitidos, 32 a poderes Legislativos de las entidades y 32 gobernadores, solo seis poderes ejecutivos aceptaron la recomendación, los cuales pertenecen a la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.
Mientras que dos entidades la aceptaron de manera parcial, siendo éstas Aguascalientes y Sonora, mientras que 21 estados la rechazaron.
En cuanto al poder Legislativo cinco estados aceptaron la recomendación, los cuales fueron: Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Nuevo León y Zacatecas, mientras que Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, la aceptaron de manera parcial.
Otros 13 estados la rechazaron, mientras que Yucatán no dejó claro si la acepta a o rechazaba y Baja California, Baja California Sur, CDMX, Colima, Durango, Michoacán y Nayarit, la rechazaron.
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