La privatización de servicios médicos para trabajadores del Estado por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, desató una serie de protestas por parte de docentes en activo y jubilados que se movilizaron en el primer cuadro de la capital para exigir echar atrás la medida que lesiona sus intereses.
Y es que señalan que esta medida no garantiza la prestación adecuada de servicios para los trabajadores del Estado a partir del 1 de abril que entraría en vigor y que desaparecería los módulos médicos y todas sus prestaciones, además de que ignoran que pasará con otros servicios.
Otra de las inconformidades que sacaron a las calles a los trabajadores es que se tiene conocimiento de que la atención hospitalaria que se les dará se restringe al segundo nivel y solo si es de gravedad se atenderá en el sistema de la Secretaría de Salud.
De esta forma, frente a Palacio de Gobierno se manifestaron para exigir que se deje sin efecto la privatización de los servicios y señalaron que en otros gobiernos han resistido los embates y esta vez no será la excepción.
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