Ante la cerrazón de gobierno del estado para investigar y detener a los responsables de los robos, campesinos de la zona oriente del estado, acusaron a la gobernadora del estado Lorena Cuéllar Cisneros y a la procuradora Ernestina Carro Roldán, de convertirse en cómplices de los delincuentes porque no han querido detener a los responsables a pesar de que se les han entregado los elementos para proceder.
Para exigir justicia al gobierno, anunciaron una marcha para el 9 de abril en Huamantla, en la que participarán los campesinos que han sido víctimas de robos y que sus denuncias no han sido atendidas, además se sumarán a esta marcha, ciudadanos de Calpulalpan inconformes con la privatización de la carretera en ese municipio.
Consternados por la inacción de las autoridades, los campesinos con un nudo en la garganta expresaron su impotencia y coraje al ser despojados de sus herramientas de trabajo, pues hoy están desempleados o incluso andan de ayudantes de albañiles, porque no cuentan con elementos para trabajar el campo, en virtud de que les robaron todo.
Frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusaron que las autoridades se niegan a dar seguimiento a las denuncias interpuestas, se le han dado todos los elementos para que los ministerios públicos actúen, placas, teléfonos, de los responsables y no hacen nada.
Campesinos de la zona oriente que han sufridos robos desde el 2023, dijeron que hay más de 30 carpetas que se han integrado, solo ese número de muchos otros robos que no se han denunciado precisamente por la ineficacia del gobierno para detener a los responsables, debido a que ha perdido la confianza.
Uno de los inconformes señaló “solo nos han dado atole con el dedo, hemos buscado a la gobernadora Lorena Cuéllar, pero no nos hace caso anda en campaña por su partido, igual la procuradora del estado, hace caso omiso”.
Señalaron que los robos en la zona se están saliendo de control, las autoridades hacen caso omiso, y son cómplices de los delitos, por lo que están demandando la intervención del gobierno federal, pues presumen que hay actos de corrupción en la PGJE.
Sostuvieron los inconformes que sí hay delincuencia organizada en todo el estado, demandaron el despido de la procuradora Ernestina Carro por incompetente, porque no ha podido integrar las carpetas de investigación e incluso se ha convertido en cómplice de los delitos.
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