El gremio periodístico en Tlaxcala levantó la voz ante la intentona de aprobación sin análisis y de manera acelerada de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado.
Los diputados pretendían aprobar una ley que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de los principales involucrados, quienes han sido ignorados en el proceso.
Uno de los puntos más alarmantes es la exclusión de la opinión de los destinatarios de la ley, como personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Esta falta de consulta y transparencia en el proceso legislativo levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones de la ley.
La falta de acceso al contenido del proyecto de ley ha generado preocupación entre los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes temen que la ley pueda ser utilizada para censurar y encarcelar a aquellos que resulten incómodos al gobierno o a los actores políticos.
Es evidente que el Congreso del Estado busca aprobar esta ley de manera urgente, aprovechando su mayoría en el congreso, antes de que puedan perder votos en la próxima legislatura.
Sin embargo, esta prisa por aprobar la ley sin un debate público y transparente pone en entredicho su legitimidad y validez.
Los periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado que no fueron tomados en cuenta en la elaboración de esta ley, la cual, según se rumora, incluye el concepto de "malicia efectiva" para perseguir y silenciar a aquellos que critican el desempeño de los funcionarios públicos.
Resulta preocupante que el gobierno del estado, a través de la oficina de la gobernadora dirigida por Víctor Ávila, esté involucrado en la creación de una ley que parece ser una forma de censura disfrazada, destinada a silenciar las voces críticas y a limitar la libertad de expresión en Tlaxcala.
La aprobación apresurada y sin transparencia de esta ley plantea serias dudas sobre su legitimidad y su verdadero propósito.
Señalaron que es necesario que se escuchen las voces de los periodistas y defensores de derechos humanos y que se garantice que la ley realmente proteja sus derechos en lugar de limitar su libertad de expresión.
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