La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sigue siendo un problema preocupante en el estado de Tlaxcala que se reconoce más allá de nuestras fronteras. El Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció que el gobierno de México se mantiene en el nivel 2, lo que significa que “no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”[1], y hace referencia a que las redes de tratantes tlaxcaltecas “...seducen a las niñas de la comunidad, luego las explotan sexualmente en México o Estados Unidos”, y también reveló que Tlaxcala es uno de los tres estados con alta prevalencia de trata.
Esa información se concreta en hechos como el que se hizo público desde Querétaro en días pasados, en donde se llevó a cabo un operativo para retirar de un espacio público a mujeres que se encontraban en situación de prostitución, y se señaló que “venían de otras entidades, principalmente de Tlaxcala”. En nuestro estado, como sabemos, se mantiene una amplia operación de redes de tratantes.
La continuidad de las operaciones de las redes de trata y la generación de impactos locales, nacionales e internacionales, son resultado de una inadecuada aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala y del Programa estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 - 2027, así como de la simulación en el ejercicio del recurso destinado a la atención del problema, que en 2024 es de 730 millones 355 mil 245 pesos, de acuerdo al Presupuesto de Egresos para el estado de Tlaxcala.
Consideramos que hasta ahora han sido ineficaces los procesos de investigación y sanción a las redes de trata. En 2023 apenas se logró una sentencia condenatoria firme y hasta la fecha sigue sin aplicarse la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, que en su artículo 6 señala que “La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes así como la declaración de la inexistencia de derechos sobre los bienes productos del delito… cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud, asociación delictuosa, secuestro, robo de vehículos y trata de personas…”. Esta actitud gubernamental que no investiga y sanciona a las redes de trata ni afecta sus bienes, se ha convertido en un permiso de facto para que las redes de trata sigan operando.
En el ámbito municipal, nos preocupa que, de 2021 a 2023, se expidieron 65 licencias de bares, hoteles, moteles y centros botaneros, que son lugares donde se puede concretar la explotación sexual de mujeres, en 14 municipios del sur del estado de Tlaxcala en los que se acentúa la trata de mujeres y niñas. Además, en los mismos municipios se renovaron 109 licencias en los mismos rubros.
Es en este contexto en el que se dan casos como el de Blanca Estela Carrera Rosas, joven veracruzana que desapareció el 7 de junio en el municipio de San Pablo del Monte; casos como el de Blanca son la muestra clara de que la trata de mujeres, la desaparición y el feminicidio están vinculados, y esto sucede a pesar de que desde agosto de 2021 deben atenderse en Tlaxcala las indicaciones, mecanismos y políticas establecidas en la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
En cuanto a la prevención observamos que las acciones desarrolladas hasta ahora no han sido efectivas, debido a que se han centrado en informar y no en generar cambios de conducta. Consideramos que no basta con informar, y que quedarse solo en ello se convierte en un dispendio de recursos. Le recordamos al Consejo Estatal contra la Trata de Personas y a las instancias responsables de implementar la prevención, que ésta tiene como objetivo evitar la aparición del problema, y les llamamos a que revisen los impactos y se den cuenta de que las campañas que hasta ahora han realizado no han logrado que la ciudadanía en el estado de Tlaxcala, principalmente en los municipios que recurrentemente aparecen en los diagnósticos, comprenda críticamente la forma de operar de las redes de tratantes tlaxcaltecas, las causas que generan el problema y las consecuencias de la trata de mujeres y niñas, reconociendo a las mujeres como víctimas y el consumo como factor de la trata. Es decir, que el proceso de prevención debe conducir al desarrollo de actitudes que eviten que las mujeres sean enganchadas como víctimas, y los hombres como tratantes o consumidores por las redes de trata, y que de ahí lleven también al rechazo de la trata por parte de la ciudadanía.
La experiencia desarrollada desde hace 9 años entre organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas, científicos, profesoras y profesores, comprueba que una prevención efectiva debe estar basada en procesos educativos de mediano y largo plazo, y que el ámbito escolar es un espacio óptimo para el desarrollo de este proceso. Esto ya ha sido establecido en el Programa Estatal contra la Trata de Personas, en el objetivo 1.3 que indica la obligación de “Impulsar una cultura de prevención de la violencia de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en escuelas preescolar, primarias, secundarias y de nivel medio superior en el estado de Tlaxcala”. Esto implica crear e implementar un programa que, por una parte, sensibilice a las y los tomadores de decisiones en el sector educativo y, por otra, dote de capacidades a maestros y maestras para que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, desarrollen proyectos escolares que contribuyan a generar cambios de conductas en la comunidad escolar.
Hacemos público que, en abril del presente año, entregamos a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala una propuesta de Programa educativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, misma que se construyó en coordinación con la Unidad de Género y de Cultura de Paz de la SEPE-USET. La propuesta tiene como base las experiencias de prevención desarrolladas desde 2015 por el Centro Fray Julián Garcés, con los aportes de las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, la Red de profesoras y profesores para la Prevención de la Violencia y la Trata de Mujeres y Niñas, y académicas y académicos comprometidos contra la trata.
Por todo lo anterior exigimos: Al Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, que implemente de forma integral y eficaz el Programa estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022-2027, pues con las actividades que hasta ahora están realizando no se alcanzarán los indicadores de impacto que ahí se establecieron.A la Secretaría de Educación Pública, que establezca el comité que debe aprobar e implementar el Programa educativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, que la sociedad civil y la academia, le entregamos en abril de este año.A la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que investigue de oficio los hechos que presuntamente estén relacionados con la trata de mujeres y niñas, esto por conferírsele en la ley y ser su obligación, y por ser un delito difícil de denunciar por todas las violencias a que están sometidas las víctimas.A la legislatura entrante del estado de Tlaxcala, que garantice que el Presupuesto de Egresos establezca de manera clara los recursos destinados para la operación del Programa Estatal contra la Trata de Personas, y no se incluyan acciones que nada tengan que ver con este problema, como ha ocurrido en los presupuestos de 2023 y 2024.A las nuevas autoridades municipales, que no autoricen el funcionamiento de establecimientos como bares, antros, auto hoteles/moteles y otros giros en los que se pueda favorecer que se cometan los delitos de trata, explotación sexual, desaparición y feminicidio, así como asumir las responsabilidades en materia de prevención y atención de víctimas establecidas en la Ley estatal en materia de trata de personas (Art. 8 y 9).
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