La administración municipal de San Pablo del Monte ha generado una fuerte controversia tras clausurar una fábrica textil propiedad del regidor Rafael Tlapaya. El operativo, ejecutado por la Dirección de Ecología Municipal en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), se presenta oficialmente como una inspección, pero fuentes cercanas al caso lo interpretan como una clara represalia política.
El origen del conflicto se remonta a las revelaciones previas del regidor Tlapaya, quien denunció públicamente la falsificación de firmas en actas de entrega de obras públicas. Esta denuncia comprometió directamente al Director de Obras, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, y cuestionó la transparencia de la administración municipal encabezada por la presidenta Ana Lucía Arce Luna.
La fábrica, con varios años de operación en la comunidad de Santiago, representa una importante fuente de empleo local. Su clausura resulta particularmente significativa dado que, según la información disponible, no existían antecedentes de problemas operativos o ambientales previos. Lo que para muchos parece ser una acción punitiva se suma a un contexto más amplio de tensiones políticas locales.
Un elemento adicional que alimenta la controversia son los presuntos tiraderos clandestinos en barrancas de la región. La PROPAET ha sido señalada por mostrar una aparente pasividad ante lo que algunos califican como un "ecocidio" presuntamente cometido por funcionarios municipales. El silencio de la dependencia sobre estas irregularidades contrasta con la rapidez con la que actuó para clausurar la fábrica del regidor.
La situación dibuja un escenario complejo donde se entrelazan acusaciones de corrupción, posibles venganzas políticas y cuestionamientos sobre la transparencia gubernamental. La clausura de la fábrica textil se presenta como un capítulo más en un conflicto que demanda una investigación imparcial capaz de esclarecer los verdaderos motivos de las acciones emprendidas por la administración municipal.
Los habitantes de San Pablo del Monte observan con preocupación cómo un acto que debería representar la aplicación de la ley parece convertirse en un instrumento de presión política, poniendo en riesgo no solo la fuente de empleo de una comunidad, sino también los principios básicos de transparencia y servicio público.
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