La dirigente del sindicato "7 de Mayo", Karina Erazo Rodríguez, ha provocado que arrecie la inconformidad de los burócratas con su gestión, tras ordenar la suspensión de derechos sindicales por tres meses a una trabajadora que cuestionó públicamente su liderazgo y presuntos vínculos con actividades ilícitas.
La sancionada, identificada como Rosa N., sería notificada de manera irregular por José Luis Ramírez Rodríguez, secretario de Servicios Médicos del sindicato, y Pablo Flores Xochitemol, ambos colaboradores cercanos a Erazo Rodríguez.
La controversia se intensificó luego de que Rosa N. se manifestara en Ciudad Judicial para exigir explicaciones sobre los beneficios que supuestamente recibe Daniel N., hermano de la lideresa sindical, quien fue detenido en flagrancia y acusado de narcomenudeo.
Según denuncias de trabajadores del gobierno, Daniel N. continúa recibiendo apoyo del sindicato a pesar de enfrentar cargos graves que incluyen narcomenudeo y corrupción de menores, manteniéndose adscrito al Poder Judicial con permisos especiales mientras permanece en prisión.
El castigo impuesto se fundamenta en el artículo 75, fracción VI, de los estatutos sindicales, bajo el argumento de haber divulgado "asuntos de trascendencia del sindicato".
Sin embargo, trabajadores señalan que la medida carece de legalidad, ya que el sindicato no cuenta actualmente con un Comité de Vigilancia en funciones, único órgano facultado para aplicar sanciones.
Esta situación ha provocado indignación entre el personal del poder judicial, quienes denuncian el uso del aparato sindical para violentar a los agremiados que han alzado la voz para exigir sus derechos y un trato digno.
Trabajadores del gobierno acusan que las irregularidades se mantienen debido a los presuntos lazos políticos entre Erazo Rodríguez y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que habría permitido una serie de violaciones a los derechos laborales de los empleados de los tres poderes y municipios.
Las denuncias incluyen acusaciones de que la dirigente sindical utiliza su posición para encubrir actividades ilícitas de su hermano Daniel N., incluyendo presunto narcomenudeo dentro del sindicato, aprovechando supuestamente su poder y relación política con la gobernadora para mantener la impunidad.
los agremiados al 7 de mayo, han expresado su malestar por lo que consideran una actuación vengativa que viola los derechos laborales.
"Se castiga a quienes alzan la voz y se protege a los que delinquen al interior del gobierno", se quejaron.
La situación evidencia un patrón de irregularidades donde se suspenden los derechos de trabajadores que manifiestan su inconformidad con el desempeño de la dirigencia sindical, mientras se otorgan privilegios a personas con procesos penales pendientes.
Los trabajadores han exigido una investigación exhaustiva de las denuncias y el restablecimiento de los derechos laborales de los afectados, así como la implementación de mecanismos de transparencia en la gestión sindical.
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