El gobierno de Lorena Cuéllar ha admitido abiertamente que la vía presenta serias deficiencias de seguridad e infraestructura. Este reconocimiento llega después de años en que la operación de la autopista "ha estado marcada por una necesidad de mejorar la seguridad, la infraestructura carretera y el tránsito vehicular", según indica un comunicado oficial.
Lo más revelador es la declaración sobre la concesión, donde se señala que históricamente "ha permitido que particulares obtengan beneficios económicos sin que exista una retribución justa para el Estado de Tlaxcala".
El reciente deslizamiento de tierra parece haber sido la razón que finalmente impulsó a las autoridades a actuar. Ahora, con el inicio del procedimiento administrativo de revisión y la instalación de mesas de trabajo urgentes, el gobierno estatal muestra una disposición para corregir problemas largamente ignorados.
"No permitiremos el aprovechamiento injusto de nuestros recursos ni de nuestra gente", señala el gobierno de Tlaxcala.
Además, cabe señalar que es una de las autopistas más caras de la región, a pesar de las deficiencias que presenta.
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