Adriana Dávila Fernández

Autonomía del Coneval

México es un país que ha luchado por muchos años por establecer y consolidar un sistema de gobierno democrático y libre de pobreza. Esto debe traducirse en el esfuerzo del Estado por poner todos los medios a su alcance para hacer que cada vez haya menos mexicanos que carezcan de servicios básicos para su supervivencia, es decir, debe proveerles de alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Para combatir la pobreza nada es suficiente y nada sobra. Se han dado pasos considerables en los últimos doce años gobernados por el Partido Acción Nacional. Sin embargo, la lucha contra la pobreza debe tener objetivos y criterios claros que permitan disminuir los preocupantes índices nacionales. Aún más, es necesario tener claro que no se debe lucrar con los programas sociales, pues los que necesitan de apoyos federales deben tener acceso a la ayuda sin que esto implique intercambio alguno. Hay que poner fin a ese círculo vicioso del yo te acredito en tal programa si a cambio tú… No podemos permitir ese tipo de prácticas que sólo estancan a muchos y benefician a grupos específicos, sobre todo en los tiempos electorales.

En ese afán de fortalecer instituciones autónomas para superar el régimen autoritario y centralista que gobernó durante décadas, es que se ha dado la desconcentración del poder mediante la separación de poderes y la creación de organismos autónomos, cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas de los otros poderes.

El punto toral de estos organismos autónomos es precisamente su autonomía jerárquica, para no depender directamente de ninguno de los otros poderes y no estar sometidos a ningún Poder en la toma de decisiones y actuar con base en elementos, indicadores y criterios sólidos. Por esto es que los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal, Estatales y Municipales no pueden ser juez y parte en la evaluación de programas y políticas públicas.

En el combate a la pobreza, la evaluación del uso de recursos económicos debe ser realizada por un ente autónomo al Ejecutivo, bajo indicadores reales, serios, claros, sin sesgos ni tintes políticos.

Si bien el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha enfocado su labor en el diseño de capacidades técnicas para generar datos objetivos sobre la aplicación de la política social y la medición de la pobreza, lo cierto es que su trabajo se encuentra subordinado a la voluntad del Ejecutivo Federal, ya que es el Presidente de la República el que nombra a un Comité Directivo, presidido por el Secretario de Desarrollo Social. Es decir, el juez tiene injerencia y es parte en el proceso de evaluación, lo que hace que sus decisiones y sus funciones carezcan de autonomía.

Si la política social busca ser un mecanismo para generar condiciones de equidad social mediante la inversión del Estado para eliminar la pobreza, entonces las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo Federal tienen que ser real y eficientemente evaluadas por un órgano ajeno a dicho poder, que garantice su independencia respecto de cualquier otro.

Para Acción Nacional resulta indispensable contar con un organismo autónomo que evalúe las políticas públicas en la materia y que mida la pobreza de forma objetiva, que dé certeza de los avances y los logros, y que permita realizar un balance de las acciones.

Por ello presentamos en el Senado de la República una iniciativa que tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al Coneval, para que cuente con independencia en el cumplimiento de sus objetivos, convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social, y así evitar que sus evaluaciones sean unilaterales y discrecionales.

Hay que cambiar constitucionalmente la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el de Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo constitucional, público con autonomía presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Este organismo tendrá a su cargo la evaluación periódica de la política, programas, metas y acciones de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Los miembros de este organismo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos con autonomía constitucional para evaluar la Política de Desarrollo Social estatal y municipal.

Son muchos los retos que debemos enfrentar. La idea es contribuir y aportar en materia social, dar herramientas para elevar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Una forma es tener certeza de que el Estado Mexicano protegerá las urgentes necesidades de los que menos tienen y son los más vulnerables en todos los sentidos. Confío en la voluntad del Ejecutivo Federal para llevar a cabo y consolidar este proceso.