Adriana Dávila Fernández

En cualquier sociedad democrática, los habitantes deben cumplir con las reglas sociales para favorecer la sana convivencia entre sus integrantes.  Las autoridades tienen la responsabilidad de  aplicar la ley y cuidar el orden, con absoluto respeto a los derechos humanos, y con mecanismos que permitan procesar las demandas y atender los reclamos sociales.

La función pública siempre promoverá y prometerá el respeto al Estado de derecho, donde la ley se cumpla. La aplicación de la norma jurídica, en algunos casos, se presta a interpretaciones a modo, que llevan ocultos fines electorales en el corto, mediano o largo plazos.

Es lógico que los canales institucionales enfrenten resistencias y obstáculos que les impidan canalizar de manera óptima exigencias y denuncias de los ciudadanos, lo cual puede derivar en protestas, desmanes y hechos vandálicos.

En los últimos meses, por desgracia, la violencia y el riesgo de estallidos sociales se han incrementado en diversos puntos del país, sin importar la afectación directa de terceros.  Son válidas las manifestaciones de inconformidad, pero no para llegar a los extremos de violencia.

Y señalo ejemplos, un grupo de “jóvenes encapuchados” han secuestrado la Rectoría de nuestra máxima casa de estudios, en la Ciudad Universitaria de la UNAM, con la consecuente suspensión de los servicios administrativos que afectan a cientos de estudiantes.

Otro caso es lo sucedido en Guerrero.  Se pasó de la manifestación en contra de la reforma educativa, al daño material de los inmuebles de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional.  El Gobierno local afirmó que ante todo se hizo uso de la prudencia.

En ambas situaciones, se trata de hechos ilícitos con daños colaterales.  Son actos, unos más visibles que otros, fuera del marco jurídico.  No es viable enviar el mensaje a la sociedad, de una ley que no se aplica para todos por igual, porque existen criterios específicos para usar la norma en un sentido para unos, e interpretarla de manera diferente para aquellos que deciden abrir la posibilidad a la violencia. ¿Se debe cumplir la ley o actuar según la conveniencia política porque es lo correcto?

Cuando un grupo opta por tomar una carretera o lastimar un edificio, las autoridades deciden “medir los costos”, hacer a un lado lo jurídico y evitar problemas, aunque esto signifique no resolverlos, sólo postergarlos.

Es preocupante porque, aunque se trate de expresiones diferentes a la mayoría, son intolerantes ante cualquier opinión distinta; son voces que no respetan las reglas de convivencia que el resto de los habitantes cumplimos;  son manifestaciones en contra de la legalidad y de las formas institucionales para encontrar coincidencias y dirimir diferencias.  Mas lo que no es aceptable, es recurrir al uso indebido de la violencia.

Debemos estar atentos a estas señales… son alarma de posibles estallidos sociales,ante los cuales tenemos que trabajar cada uno de nosotros, por el respeto a la democracia.

RECUENTO

El fin de semana conocimos los alcances de “ser hija de un influyente” porque, en cuestión de horas, se colocaron sellos de suspensión de servicio a un negocio de comida en el Distrito Federal; se buscaron los elementos y pruebas para cumplir con los dichos de la señorita Andrea Benítez. Es decir, se utilizó una institución de la República, para un capricho personal.

Al margen de esperar o no una mesa para comer, el lamentable caso de la hija del Procurador Federal del Consumidor hace evidente el regreso del autoritarismo servil.  Es inaceptable la  disculpa pública del funcionario, porque no es un hecho que hable de un comportamiento inapropiado. La situación es grave y deben explicarse los hechos: ¿quién ordenó la clausura del restaurante?  ¿La hija?