Adriana Dávila Fernández
Cambió sólo la narrativa

En los últimos meses -cuatro para ser exactos-, hemos sido testigos del cambio en la narrativa del Gobierno Federal en los temas relativos a la inseguridad pública.  En términos prácticos y generales, omite lo relacionado con las condiciones de violencia que se viven en el país;  busca cambiar la percepción social con una estrategia de comunicación que la retórica desaparece la violencia del discurso oficial. 
Sin embargo, es imposible tapar el sol con un dedo, y en este caso, no se pueden eliminar de la noche a la mañana las situaciones violentas y las ejecuciones dadas en entidades como Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, entre otras. 
En los hechos, las líneas de acción presentadas por el presidente de México no son distintas a las realizadas en el sexenio anterior.  La idea es reducir la violencia y recuperar la paz, para así disminuir de manera sensible los índices de homicidios y de secuestros.  Se ha mencionado que la política de seguridad pública no sería reactiva, mejor de prevención para atender las causas y no sólo las consecuencias.
A la simple lectura, ¿quién –en su sano juicio-, puede estar en contra de lo anterior?  Nadie.  Todos quisiéramos concretar ese ideal, pero es evidente que en algunos Estados y municipios las autoridades han sido rebasadas.  La falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha impactado en las condiciones de seguridad y los factores de riesgo han aumentado.  
Los rotativos nacionales consignan con puntualidad que siguen las muertes violentas, los levantones a funcionarios públicos, empresarios, periodistas, ciudadanos de a pie.  La espiral de violencia no ha frenado. No se aportan datos a los habitantes, no se señalan acciones específicas para detener la incertidumbre de la población, pero las noticias sobre la situación nacional como los ataques a comercios específicos, cuerpos sin vida encontrados en diversos lugares, entre otras, son muestras de brutalidad que no se pueden omitir. 
Es importante señalar, a la luz de investigaciones periodísticas como la del Semanario Zeta de Tijuana, Baja California, el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (“homicidios, ejecuciones, ajustes de cuentas, enfrentamientos”), en este primer trimestre,  supera las 4, 500 muertes con violencia extrema.
De momento, no profundizaré en  las contradicciones entre las cifras federales y locales, tampoco entraré al debate de la proyección de cifras para 2018.  El dato duro es contundente.  Recuerdo que uno de los compromisos de campaña del candidato del PRI fue disminuir la tasa de homicidios en un 50% en el primer año de la administración.  ¿Cómo?  El cambio anunciado, de momento, es sólo en las líneas discursivas, en la narrativa.
Cualquier comunidad con problemas de seguridad demanda garantías de seguridad a los responsables de proveerla; no interesa saber si en esa zona la responsabilidad recae en tal o cual autoridad; los habitantes demandan terminar con los problemas delictivos, es decir, enfrentar la situación y no darle la vuelta.  
La población espera una estrategia de reducción de violencia, abatimiento de la impunidad y combate al crimen organizado en cualquiera de sus modalidades.  Es necesario contar con un plan de contención y combate a los delincuentes porque, al no enfrentar el problema, lo único que se ha propiciado es la organización de hombres y mujeres al interior de las comunidades, para defenderse y salvaguardar la integridad física de los suyos. De ahí el surgimiento de esos grupos de autodefensa, que al no ver respuesta de sus autoridades, lo que han hecho es hacerse justicia por propia mano, lo que ha deteriorado la imagen del poder público en sus distintas esferas.
Lo cierto es que el presidente anunció, desde Roma, Italia, que los resultados en materia de crimen y violencia podrán ser evaluados en un año. Será un año largo y complejo para las familias mexicanas que viven en la zozobra y ante la posibilidad real de ser víctimas del crimen organizado, de ser parte de las estadísticas, más no de la narrativa oficial.