* Adriana Dávila Fernández
La regla no escrita, ya existe; ¿El nuevo PRI?

En la víspera de su 84 aniversario, el PRI celebró su XXI Asamblea Nacional y contó con la presencia del primer priísta de la Nación.  En tan singular ocasión y después de tres meses de jurar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Poder Ejecutivo se asumió como dirigente, al presidir la Comisión Política Permanente, para informarnos que se inaugura una nueva era de ese instituto político.
Fue una sesión en la que, a mano alzada, se aprobó la modificación de sus documentos básicos.  En el programa de acción se planteó la posibilidad de una reforma energética, con la participación de la iniciativa privada;  también quedan pendientes los regímenes especiales, los subsidios actuales y la evasión fiscal en el mismo sector.  Adicionalmente, se posibilita la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos y medicinas. 
Se plantearon propuestas y reformas negadas a los Gobiernos del PAN y a México desde el 2001.  Y sólo como dato histórico, en su XVIII Asamblea, el PRI reformó sus estatutos para impedir la discusión de ese punto, es decir, como oposición, su postura fue clara para obstruir la sola posibilidad de analizar el tema.
En el año 2009, el entonces Presidente Felipe Calderón, por conducto de Agustín Carstens, propuso la creación de un impuesto del 2% generalizado al consumo; los ingresos serían destinados a programas contra la pobreza.  El PRI,  aún y cuando tenía información suficiente para conocer el severo problema de pobreza, realizó sus cálculos electorales y nuevamente se opuso.
Ya en febrero de este 2013, mi compañero el Senador Joel Ayala -también dirigente de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FETSE), afín al PRI- rechazó apoyar la reforma tributaria y fue más allá: mencionó  que la modificación iría en contra de la recién anunciada Cruzada Nacional del Hambre.  Claro, las declaraciones se hicieron antes de la detención de la líder magisterial, antes de que el jefe del Ejecutivo mencionara eso de que "no hay intereses intocables".
Al margen de esas modificaciones aprobadas, quiero rescatar el punto mencionado por el dirigente nacional de ese partido, sobre la participación del Presidente: "...reinvindica sin dobleces su derecho político a militar.  Su partido hoy le ofrece respeto y respaldo...". 
A partir del año 2000, los priístas cuestionaron el ejercicio de los derechos políticos de los Presidentes de la República emanados de las filas de Acción Nacional, con discursos hipócritas y legaloides, que una y otra vez criticaron la libertad de militancia que hoy aplauden.  Afirmaban, en aquellos años, que el Ejecutivo estaba más preocupado por cuestiones partidistas que por atender los deberes nacionales; alegaban que en lugar de "cubrirse" en su partido,  debía trabajar por el bienestar del país.
En más de una ocasión, los liderazgos del PRI incitaron a la confrontación política, porque antepusieron su visión interna, simulación pura al afirmar que más allá de ser militante, el titular del Ejecutivo es el principal administrador de los asuntos públicos. Reclamaban a un Presidente para todos los mexicanos, no un líder de partido.  Lastimados se sentían.  Entonces eran otros tiempos.
¿Y ahora?  Ahora las cosas han cambiado, lo que antes se conocía como una de las reglas no escritas, hoy es ya -sin mayor escándalo tricolor-, una regla escrita en los estatutos del nuevo PRI, en donde el "jefe máximo partidista" es el inquilino en turno de la residencia oficial de Los Pinos. Formalmente aceptado.  Palabras insultantes para la democracia de antaño, justificadas y aceptadas en las circunstancias actuales. 
Lo señaló  puntualmente uno de sus ex dirigentes, y se llevó una buena ovación: con los nuevos estatutos no se utilizan más verbos ambiguos... no más simulación.  Abierta contradicción.

* Senadora por Tlaxcala