Adriana Dávila Fernández

Tras un largo proceso de debates, consultas realizadas al interior de los Grupos Parlamentarios, discusiones en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes, y Radio y Televisión, opiniones de expertos en el tema, la semana pasada aprobamos, en el Senado de la República, la reforma constitucional que en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica recibimos de la Cámara de Diputados.

Sin duda, es producto de la disponibilidad de los legisladores para construir consensos y sacar adelante las reformas que México necesita, que por cierto, muchas fueron impulsadas por el Partido Acción Nacional en años anteriores y se vieron truncadas por la falta de voluntad política de algunos, más interesados en responder a intereses partidistas.

Estamos frente a una reforma que beneficiará a los ciudadanos, al ofrecerles mayor acceso a los medios, a precios más bajos y con servicios de calidad, y el libre acceso de un número mayor de mexicanos a las tecnologías de la información y de la comunicación.

Es un paso importante que reivindica la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información del que se habla en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la definición  de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios  públicos de interés general, incluidos las comunidades y los pueblos indígenas, se da respuesta a una añeja demanda social para que los medios se democraticen con la pluralidad  y diversidad de contenidos. 

La reforma otorga fortaleza jurídica a autoridades y usuarios, ya que se adquieren derechos constitucionales  al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como para buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información e ideas por cualquier medio de expresión y en cualquier plataforma.

Se fomentará la inversión y la competencia bajo condiciones que permitan hacer un uso más eficiente del espectro, lo cual elevará la calidad de los servicios a mejores precios.

En el dictamen se limitan las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de las concesiones, ya que se creará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano con autonomía constitucional, técnica y de gestión, que licitará, otorgará y revocará las concesiones.  Y la Comisión Federal de Competencia Económica, también con autonomía constitucional, tendrá facultades de sancionar en lo relacionado a competencia económica en telecomunicaciones.  Ambos organismos definirán las políticas públicas en las materias citadas.

Para nuestro Grupo Parlamentario es importante hacer contrapesos a estos organismos autónomos constitucionales. Por ello impulsamos la creación de una contraloría interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de legisladores presentes en la Cámara de Diputados, y nombrado por el Senado. Asimismo, se da la posibilidad de que estos órganos puedan presentar controversias constitucionales contra otros órganos del Estado o viceversa.

Muchas fueron las voces que dudaron de la aprobación de este proyecto en este Período de Sesiones. Aquí está el resultado de la seriedad con la que trabajamos en el Senado de la República, cuando todos estamos de acuerdo con lo que hay que hacer por la Patria. Si bien es un primer paso en materia de telecomunicaciones, también es cierto que estamos en un ejercicio de libertad de expresión y derecho a la información, no sólo es un asunto de índole económica. Las buenas intenciones hay que concretarlas en la Ley Reglamentaria, para garantizar a los ciudadanos, su derecho a la información.  Es una reforma que tenemos que hacer perfectible en su proceso  de incorporación a las leyes secundarias. Regresa a la Cámara de Diputados, y creo que todos los legisladores, sin importar el color, juntos debemos trabajar para fortalecerla.