* Adriana Dávila Fernández
Tropezar con la misma piedra

Es evidente que el objetivo principal de este nuevo gobierno es el impacto mediático más que la esencia y el fondo de los asuntos de interés nacional.  Está más puesto para la foto que dispuesto a trabajar para no entregar a la sociedad leyes a medias. Eso es lo sucedido con la Ley de Víctimas promulgada por el Ejecutivo Federal el pasado 9 de enero, ya que no cumple con las expectativas ni con las exigencias de las víctimas.
¿Con qué derecho se utiliza a los afectados para fines políticos? Importó más el cumplimiento de  una promesa de campaña, que haber subsanado las lagunas legales de origen que presentaba  esta ley, y procurar de manera inmediata la protección jurídica de las víctimas.  Para garantizar un derecho no es suficiente atribuirlo. Es necesario también establecer instrumentos aptos para protegerlo.  
Esa fue la preocupación del sexenio anterior, al evitar una ley deficiente e inoperante.  Por ello trabajó en fortalecer fundamentos jurídicos que salvaguardaran los derechos humanos de los mexicanos. Por eso consolidó acciones claras  y contundentes durante seis años, para atender añejos reclamos de miles de víctimas de actos vinculados con la delincuencia en todas sus modalidades, así como por actos de autoridad que lastimaron y vulneraron su dignidad, su integridad patrimonial, y aún peor, su seguridad personal.   De no ser por el esfuerzo y la exigencia de los ciudadanos, esas voces seguirían anónimas e invisibles. 
Vale la pena reflexionar en el momento en que se reconocieron los derechos de las víctimas, con la reforma constitucional del  artículo 20 en el año 2008, que les dio garantías y derechos durante procedimientos penales, así como atención y protección del Estado mexicano. Desde hace 10 años, administraciones y legisladores panistas hemos impulsado marcos legales e instituciones cuyo objetivo ha sido proteger los derechos humanos de las personas. 
Sobresale el hecho de que en el 2011, por primera vez hubo apertura para el diálogo entre  el Presidente de la República y líderes sociales y organizaciones civiles, así como víctimas de la delincuencia. Ojalá Presidentes de otras administraciones hubieran aceptado reunirse con víctimas del 68, del 71, de Aguas Blancas, de Acteal, de Atenco, por citar algunos casos de violencia directa del Estado en el pasado.
Han pasado dos meses desde que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, publicara la Ley General de Víctimas y hasta ahora, no ha sido posible aplicarla.  Una ley que debió satisfacer el derecho a la justicia y que no lo hizo,  originó una larga discusión en el Senado el pasado 21 de marzo, porque tuvimos una ley inaplicable, con omisiones de fondo, cuya constancia son las modificaciones a 140 artículos de 189.    Como decía Manuel Gómez Morín: “El bien malhecho es peor, que el propio mal, porque mata la esperanza”.  
Votamos a favor del dictamen porque no vamos a obstruir.  Pero eso no significa satisfacción parlamentaria porque, aun y con las reformas, hay insuficiencias que inhiben la solución integral.  La dictaminación  de los cambios  fue un proceso en el que imperó la desconfianza en el análisis y, quizás, no existió la voluntad para escuchar todas las posturas, por el apresuramiento mediático para, eso sí, cantar triunfos legislativos y pregonar paternidades, como si se tratara de un concurso.  Se renunció a lo óptimo deseable para conformarse con lo posible que no trasgrediera el  límite de lealtades partidistas.
Nuestro grupo parlamentario, consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presentó reservas al dictamen, con el objetivo de fortalecer sus derechos.  Algunas fueron apoyadas, otras por desgracia, sin mayor argumentación excluidas.
De aquí en adelante no podemos cometer los mismos errores. No podemos legislar y tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático; no seamos cómplices de la simulación; no se pueden permitir normas y leyes que creen falsas esperanzas y nulos resultados; la sociedad no se lo merece.
Las responsabilidades y facultades que tenemos como cuerpo legislativo, no son patrimonio propio. Las Senadoras y Senadores somos depositarios de la confianza a través del voto popular para honrar el bienestar social. En particular, tengo el compromiso de trabajar a favor de un marco jurídico que haga posible el respeto de los derechos humanos, y no opte por subterfugios para  cumplir con esa responsabilidad que me dieron los tlaxcaltecas. No hay cosa mejor que una ley que sí funcione; que sí se pueda aplicar; que sí sea compatible; que sí sea financiable, y que sea, jurídicamente viable.