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PROTECCIÓN A MIGRANTES, TAREA PENDIENTE

Dip Tulio Larios
La economía mundial ha experimentado en los últimos años un proceso de recesión que genera el movimiento de la mano de obra en distintos sectores productivos, situación que se agrava en países donde la economía es endeble y motiva el fenómeno de la migración en países centroamericanos.
 
Esta situación es resultado de la intención de buscar mejores condiciones de vida, ya que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, Guatemala tiene un índice de pobreza de 60% y una tasa de desempleo de 5%, Honduras tiene un índice de pobreza de 70% y 11% de desempleo, mientras que El Salvador 50% vive en pobreza y el desempleo es de 6%.
 
En su recorrido, atraviesan por nuestro país en calidad de migrantes ilegales, en difíciles condiciones de pobreza, padecimientos y riesgos a los que exponen su vida cuando viajan en las afueras de los vagones del ferrocarril, se ven obligados a vivir maltratos y abusos de autoridad.
 
En este contexto han sido dadas a conocer las agresiones que sufren, vulnerables a la explotación por grupos delictivos, elementos de la policía o incluso de funcionarios que atentan contra sus derechos humanos, situación que contraviene el compromiso del gobierno federal de protegerlos.
 
Existen denuncias ante las autoridades migratorias sobre secuestros, amenazas, agresiones verbales y físicas, violencia contra hombres y mujeres, desapariciones y en algunos casos hasta muertes durante su tránsito, motivados por el uso de la fuerza y las extorsiones durante los controles y revisiones, por lo que organismos dedicados a la defensa de estos grupos han denunciado persecución y excesos.
 
Para dar una idea de la realidad del sector basta mencionar que se estima que anualmente un promedio de 100 mil migrantes centroamericanos son víctimas del crimen organizado y ultrajados por los cuerpos policiacos en territorio mexicano, unos 20 mil son objeto de secuestro, mientras que aproximadamente otros 200 mil se disgregan al ver frustrado su intento.
 
Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo primero un principio de igualdad de los individuos sin distinción alguna, al señalar que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ésta Constitución establece”.
 
En su tercer párrafo señala que: “todas las Autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
 
Asimismo, una reciente reforma a este artículo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2011, bajo el mismo principio de igualdad establece que: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
 
Pese a la aplicación de la Nueva Ley Migratoria a nivel federal, que plasma como principios fundamentales el respeto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, policías estatales y municipales, en los que se incluyen Tlaxcala y Puebla, continúan los operativos ilegales.
 
Ante este panorama, es indispensable que la ley en nuestra entidad contenga disposiciones para evitar conductas delictivas de aquellos que tienen precisamente la labor de brindar protección.
 
Garantizar la seguridad de los ciudadanos es tarea fundamental del Estado, obligación que implica la realización de diversas acciones, primordialmente la actualización de las leyes a partir de las necesidades sociales.
 
Debemos incluir en la legislación estatal disposiciones para evitar actos que generen desajustes sociales, violencia y abuso de las fuerzas policiales que queden impunes, razón por la cual propuse recientemente al pleno del Congreso adecuar el Código Penal en su título octavo.
 
El objetivo es tipificar como delito todo acto de persecución, de violencia física o moral y la detención, ilegalmente ejecutados en contra de los migrantes que transitan por el territorio tlaxcalteca.
 
Con ello se sancionará penalmente a los elementos o encargados de una corporación de seguridad pública del Estado, que ordenen o ejecuten actos de violencia física o moral, o la detención de algún migrante, sin orden de la autoridad competente.
 
Con todo este contexto y considerando que los mexicanos también se encuentran dentro de la dinámica migratoria y uno de los reclamos más sentidos de gobierno y sociedad ha sido un trato justo y con respeto a los derechos humanos, debemos hacer lo propio en Tlaxcala y los legisladores estamos obligados a cumplir con la misión que se nos encomendó para defender los intereses de la sociedad.
 
*Integrante de la LX Legislatura

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