* Vicente Morales Pérez
El agua, derecho ciudadano, obligación del Estado
El derecho al agua y saneamiento del medio ambiente, debe ser política pública garantizada por el Estado, dada la prioridad y necesidad para los seres vivos, es un derecho humano y, por lo tanto, algo que los representantes populares debemos garantizar a través de los marcos legales que nos rigen.
Es incuestionable que dos de las bases para el desarrollo humano son el agua para la vida en el hogar y la destinada a los medios de sustento a través de la producción.
En este marco, el vital líquido destinado para el hogar a nivel personal y doméstico, es reconocido por nuestra constitución federal como un derecho humano.
En concordancia con este derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de varios instrumentos del derecho principalmente, a través de tratados internacionales, en México, a principios de este año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reformó la Constitución Federal en su artículo cuarto fracción sexta.
Este ordenamiento constitucional debe estar en concordancia con la Constitución Política de Tlaxcala y sus disposiciones legales  municipales, ya que  se pretende garantizar el derecho fundamental de acceso al agua a todas las personas y grupos, sin privatizar su uso y aprovechamiento, dando amplia participación a la sociedad en la planeación, gestión y control de los recursos hídricos.
Garantizar dentro de nuestra constitución política, el derecho social al agua y su saneamiento es proteger la dignidad y la salud pública, al mismo tiempo y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 25 fracción VI de la Constitución estatal, se fortalece la garantía de las personas para tener derecho a un medio ambiente saludable y sustentable.
Es decir, al considerar que la calidad de vida y la salud de las personas incluida su supervivencia, dependen en gran medida del acceso al agua y el ambiente sano como su escenario de desarrollo, siendo éste conjunto, un recurso natural finito, su escasez y deterioro resulta una amenaza real para la sociedad humana.
En este sentido, reconocer al agua, al igual que la protección del medio ambiente como derecho humano, debe ser política pública prioritaria del Estado, con una visión a corto, mediano y largo plazo, con acciones concretas que son un paso fundamental para el desarrollo de las poblaciones, obedeciendo a la lógica de conservar la vida del individuo y su derecho al medio ambiente sano.
Al quedar reconocido el derecho al agua y saneamiento como un derecho social dentro de nuestra constitución política, implica establecer de forma definitiva y permanente la obligación que tiene el Estado de generar las condiciones necesarias para que este derecho social pueda ejercerse.
Por ello, esta semana plantee a mis compañeros legisladores la propuesta para reformar la fracción XII al Artículo 26 de la Constitución política del estado libre y soberano de Tlaxcala, para dejar establecido el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable.
De esta manera, se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Además, el Estado garantizará este derecho y la ley determinará las actividades a realizar para su logro progresivo y definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos de la entidad, estableciendo la participación con los ayuntamientos, así como la participación de la ciudadanía para lograr dichos fines.
Esta reforma no es menor ya que el derecho social de acceder al agua es indispensable para vivir dignamente, por lo que este vital liquido debe ser suficiente y adecuado.
Con estas reformas, en el ámbito del derecho se debe garantizar el suministro de agua y las autoridades deben ser rectores en esa materia, para impedir sufrir despojos, obstrucciones al suministro y establecer las medidas preventivas para evitar la contaminación del recurso hídrico.
Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades del aprovechamiento del agua y de desarrollo para construir una sociedad más justa e igualitaria, por lo que en nuestro papel de representantes populares debemos cumplir con la tarea que nos corresponde.
*Diputado integrante de la LX Legislatura local