Dip. Fortunato Macías Lima

La esencia de todo gobierno democrático en tiempo de elecciones y en su desempeño en general, radica en el respeto a las leyes, cuyo principio fundamental es la voluntad política necesaria para ejercer una administración transparente y democrática, no sólo en el discurso, sino en todo momento durante el ejercicio del poder gubernamental y eso incluye a todos los actores políticos sin excepción.

Lamentablemente ambos aspectos han sido soslayados por el actual gobierno estatal al transgredir y violentar diferentes artículos, tanto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del estado de Tlaxcala, como del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (Cipeet), en el marco de la celebración del proceso electoral 2013 en la entidad.

La ley es muy clara en cuanto a las obligaciones y prohibiciones que el gobierno, en todos sus niveles, tiene para coadyuvar en la existencia de procesos electorales legales, equitativos y democráticos, en este sentido, el Cipeet establece lo siguiente:

Artículo 58. Los partidos políticos tienen prohibido:

VII. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros autorizados exclusivamente a programas sociales, servicios públicos, obras públicas o desarrollo institucional.

En este contexto, resulta preocupante el hecho reciente ya público en el que el gobierno del estado y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), estén llevando a cabo una campaña publicitaria conjunta en pleno proceso electoral, donde los logotipos de ambos acompañados del slogan de la coalición que integra a este instituto político y el verde ecologista, aparecieron en bardas publicitarias en diferentes partes de la entidad.

Ante tales circunstancias, destaca el hecho de que ni el gobernador Mariano González Zarur, ni el delegado de este partido a nivel local hayan negado la existencia de esta campaña e incluso, el segundo minimice e ironice sobre un asunto en el que, tanto el gobierno como el partido en el poder, están transgrediendo el Cipeet, específicamente en su artículo 58 apartado séptimo, tras la utilización de recursos públicos en la campaña de la coalición del PRI.

Tal hecho es preocupante, ya que quien trasgrede la ley no es un sujeto común y corriente, sino el propio Ejecutivo, quien además no muestra visos de voluntad política para corregir tales violaciones que vulneran el estado de derecho y laceran la vida democrática.

El problema se agudizó más tras las declaraciones desafortunadas que, previo al inicio de las campañas políticas, hiciera el gobernador a la prensa con respecto a que no suspenderá la publicidad y entrega de apoyos por parte de su gobierno durante las campañas políticas como lo establece la Constitución del estado:

“Nadie me prohíbe que tenga yo eventos (públicos), ya lo dijo el IFE, que exclusivamente está prohibida la propaganda, pero que los programas sociales continúan”, dijo.

Además, la presencia de su gobierno seguirá igual en los medios de comunicación locales, pues señala que “yo soy el Ejecutivo, no ando en campaña, yo no voy por un puesto de elección popular, ya lo tengo”.

En este sentido, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 95, apartado B establece que: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de las presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata, asimismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social”.

Sin embargo, tras el inicio de las campañas políticas el pasado 6 de mayo, el gobernador continuó tanto con sus giras gubernamentales como la difusión de las mismas en los principales medios de comunicación a nivel local transgrediendo la ley.

Por ello, es menester poner freno a éstas y las que cometa cualquier otro actor político o partido, ya que no se trata de un asunto de personas, sino de respeto a las leyes, con el objetivo de recuperar el estado de derecho en la entidad.

Ante esto, es imprescindible que tanto el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), así como el Congreso local y la sociedad en su conjunto, en apego estricto a lo que establece la ley, actuemos contra toda violación a la legislación.

Sin respeto a las leyes no hay democracia, el estado tiene derecho a una vida democrática plena y los ciudadanos tlaxcaltecas merecemos elecciones limpias.