Desde hace aproximadamente 30 años México se debate y busca la forma de salir de un régimen caracterizado por ser autoritario, corrupto, sin el respeto por un sufragio efectivo, con políticas sin objetivos precisos; en fin, vivimos la mayor parte del siglo XX solamente simulando procesos electorales y con un ejercicio del poder basado en una legalidad sin legitimidad, sin estar sustentada en el consenso.
Hacia la década de 1980 experimentamos una serie de acontecimientos que nos permitieron pensar, a los mexicanos, de otra forma y en la posibilidad de tener una mayor injerencia en los procesos electorales, pero sobre todo en decisiones que nos afectan directamente; no reducir todo elegir y a no incidir en políticas que nos concierne.
La democracia participativa complementa la representativa y, como hemos visto, desde la década de 1980 se ha hecho un uso exhaustivo del término democracia, ello con la esperanza de que la transformación del país sea profunda y que toque cada una de los aspectos de la vida nacional.
Desde ese mismo momento, la idea de democracia ha sido reivindicada, constituyendo el soporte impulsor de todo un conjunto de propuestas de transformación. Las ideas iban encaminadas a generar la pluralidad y competitividad entre los partidos políticos para acceder y retener el poder, además de motivar la alternancia a nivel nacional, estatal y municipal.
Ante el panorama ya visto, estamos en condiciones de aseverar que los esfuerzos han sido insuficientes y las transformaciones no han cumplido las expectativas esperadas. La democracia representativa se ha convertido en un sistema partidocrático; se ha hecho a un lado la democracia participativa, como uno de los componentes fundamentales en la Constitución Federal, visto a través y como uno los derechos políticos de los ciudadanos en términos de estar facultados para realizar la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, entre otros, los cuales podemos identificar como formas democráticas participativas.
A grosso modo, la democracia participativa evita los siguientes aspectos, propios de un proceso electoral formal y podemos caracterizar en los siguientes términos:
a) Un representante, en cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral y una vez elegido, ya no es responsable ante sus electores y en consecuencia no es revocable.
b) No es responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de este o aquel grupo político.
Lo anterior obedece a la falta de un comportamiento de extensa participación en las decisiones y en los espacios en los que pueda ejercer plenamente sus derechos; además de la insuficiente cultura participativa, que se comprometa con los procesos y formación de las decisiones en los diferentes ámbitos de la vida pública.
Por lo anteriormente expuesto, no podemos negarnos per se a la revocación de mandato, de lo contrario estaríamos apoyando a continuar pensando que la democracia es sinónimo de elecciones, estaríamos a favor de continuar con un modelo político a favor de la partidocracia, corrupto y desentendido de la vida pública nacional.
Por otra parte, no debemos hacer un uso perverso de un recurso político que pudiera permitirnos avanzar en el camino democrático, aprovechar la revocación de mandato para continuar con viejas prácticas clientelares no traerá resultados positivos, ello significaría no avanzar y desaprovechar la oportunidad de avanzar en hacer de la democracia una forma de vida para los mexicanos.
¿Qué vamos a hacer para construir realmente la democracia mexicana?
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