La libertad de prensa no es un privilegio graciable, es un derecho fundamental. Sin embargo, en los márgenes del poder, ese derecho se ve constantemente amenazado por quienes confunden la comunicación institucional con un instrumento de intimidación.
El caso del periodista poblano Yair Licona y el vocero del gobierno de Tlaxcala, Octavio Ortega Velio Mejía es más que un simple conflicto mediático. Representa un síntoma preocupante de cómo se erosionan los principios democráticos cuando los servidores públicos olvidan su verdadera misión.
Que un vocero de comunicación social amenace con "levantar" a un periodista revela una patología grave en el ejercicio público. La comunicación gubernamental debería ser un puente de diálogo, no un arma de represión. Cuando un funcionario sugiere usar "la fuerza del estado" contra un comunicador que simplemente señala errores, se cruza una línea que debería ser infranqueable en una sociedad que se precie de democrática.
La denuncia de Licona va más allá de un conflicto personal. Es un grito de alerta sobre los límites del poder. Resulta paradigmático que sea un vocero, precisamente quien debería ser garante de la transparencia informativa, quien se convierta en el principal obstáculo para el ejercicio periodístico.
No se trata solo de si la instrucción vino directamente de la gobernadora Lorena Cuéllar o fue iniciativa del vocero. Lo verdaderamente grave es la normalización de la amenaza como método de control mediático. Cada intimidación silenciada es un golpe al periodismo, ese oficio que actúa como contrapeso necesario frente al poder.
La libertad de expresión no es negociable. No admite matices cuando se trata de defender el derecho a informar, a cuestionar, a revelar. Un periodista no es un enemigo del gobierno, es un guardián de la sociedad. Señalar errores no es un acto de agresión, es cumplir con una función social fundamental.
Las amenazas no refutan argumentos, solo revelan la debilidad de quienes las profieren. Cuando un funcionario público recurre a la intimidación, está admitiendo tácitamente su incapacidad para dialogar, para transparentar, para rendir cuentas.
Tlaxcala merece servidores públicos que entiendan que su trabajo es servir, no reprimir. Periodistas que no teman investigar. Una comunicación social que sea verdaderamente social: horizontal, transparente, respetuosa.
La democracia se construye todos los días. Con cada nota periodística. Con cada funcionario que entiende su responsabilidad. Con cada ciudadano que exige rendición de cuentas.
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