Un nuevo conflicto se desató en el municipio de San Pablo del Monte cuando empresarios locales acusaron al gobierno municipal de clausurar negocios sin previo aviso y exigir licencias de 17 mil pesos en medio de la inseguridad que arreció en ese municipio sureño desde que Ana Lucía Arce tomó protesta como alcaldesa y que ahora derivó en que el secretario del ayuntamiento Alejandro Martínez fuera vapuleado por algunos comerciantes hasta finalmente librarse y salir corriendo.
los pequeños comerciantes denunciaron el cierre arbitrario de sus establecimientos por parte de personal municipal que no se identifica adecuadamente pero se sabe que es personal de la presidencia ya que llegan escoltados por la policía municipal.
Los negocios fueron clausurados mediante sellos de suspensión colocados sin notificación previa, lo que consideran una violación a sus derechos y una afectación directa a su economía familiar.
"A nadie le notificaron que iban a cerrar los negocios", señalaron los afectados, quienes manifestaron su inconformidad por la falta de transparencia en el procedimiento administrativo aplicado por las autoridades municipales.
La controversia se agudiza por la pretensión de la presidenta municipal Ana Lucía Arce de establecer un costo de 17 mil pesos por concepto de licencias comerciales, monto que los comerciantes consideran excesivo para negocios de diversos giros que apenas generan ingresos de subsistencia.
Los inconformes aclararon que no se oponen a regularizar su situación y cumplir con sus obligaciones fiscales, sin embargo, consideran que el costo propuesto es elevado y desproporcionado a sus capacidades económicas.
Uno de los principales reclamos de los comerciantes se centra en la falta de seguridad que brinda el municipio, debido a que todos los días son víctimas de robos, pérdidas que nadie les ayuda a subsanar.
"El municipio no cumple con lo que les corresponde", señalaron los inconformes, quienes exigen que antes de cobrar licencias costosas, la autoridad municipal garantice las condiciones básicas de seguridad para operar sus establecimientos.
Los comerciantes criticaron que la presidenta municipal Ana Lucía se esconda y no da la cara a los pobladores.
Ante la ausencia de la alcaldesa, los inconformes fueron atendidos por el secretario del ayuntamiento Alejandro Martínez quien inicialmente se deslindó del tema argumentando que los cierres comerciales obedecen a "una orden del gobierno del estado".
Después de las negociaciones con los comerciantes, el secretario del ayuntamiento accedió a acompañar a los pobladores para retirar los sellos de suspensión que habían sido colocados en los establecimientos.
Esta acción representa un triunfo parcial para los empresarios locales, quienes lograron la reapertura inmediata de sus negocios, aunque persisten las diferencias sobre el tema de las licencias y la seguridad.
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