La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, generó polémica al admitir públicamente que logró cesar a tres jueces locales y al defender la reforma judicial como una herramienta que permitirá mayor control sobre las decisiones del Poder Judicial, lo que plantea serias interrogantes sobre la independencia judicial y la separación de poderes.
Durante sus declaraciones, prácticamente la mandataria morenista reconoció abiertamente su intervención en el sistema de justicia local: “A mí me costó mucho trabajo quitar a tres jueces”, afirmó, contradiciendo el principio constitucional de autonomía del Poder Judicial.
La gobernadora justificó que los jueces liberaban sistemáticamente a delincuentes, pero sus propias declaraciones revelan una paradoja: mientras asegura que “no puede meterse en ese otro poder” por tratarse de “otras instancias”, simultáneamente admite haber logrado la remoción de magistrados que complicaban el desmantelamiento de la banda conocida en Apizaco como "Los Brujos" mediante un proceso que califica como trabajoso.
“Yo aunque sea gobernadora no puedo ordenarle a ese poder”, declaró Cuéllar, para después contradecirse al revelar que sí logró influir en la salida de los juzgadores que consideraba problemáticos.
Las declaraciones de la gobernadora tlaxcalteca evidencian cómo la reforma judicial, lejos de garantizar independencia, podría convertirse en un mecanismo de control político directo. Cuéllar celebró que con el nuevo sistema “los pueden quitar ahora, esa es la gran ventaja”, sugiriendo que la capacidad de remoción de jueces es vista como un beneficio político.
El caso tlaxcalteca ilustra los riesgos que especialistas han advertido sobre la reforma judicial: la posibilidad de que militantes o personas afines a Morena y otros partidos gobernantes puedan acceder a cargos judiciales mediante procesos electorales, comprometiendo la imparcialidad del sistema de justicia.
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