Parece que ahora sí, los llamados “teibol” tienen los días contados.
Y no es por falta de clientes, ni por el despertar moral de quienes durante años defendieron estos giros, sino porque el Congreso del Estado ha decidido cerrar la puerta legal a su operación con una reforma que impone hasta 12 años de cárcel a quienes los administren o permitan su funcionamiento.
La decisión llega en el mejor momento: justo cuando algunos “empresarios” intentaban aferrarse a estos negocios mediante amparos y campañas en redes sociales.
Este fue el caso de Huamantla, donde el alcalde Salvador Santos Cedillo impulsaba su programa “Cero Tolerancia” y clausuraba establecimientos de este tipo. Aquí hubo quienes pusieron el grito en el cielo. ¿El argumento? Que estaban afectando “fuentes de empleo” y que el gobierno no debería meterse con esta oferta de “entretenimiento”.
¡Claro!, lo que no dijeron es que detrás de muchos de estos negocios se generan prácticas de trata de personas, explotación sexual y hasta de lavado de dinero. ¿O de verdad creen que la defensa apasionada de estos giros negros es solo por el derecho al esparcimiento?
Es irónico que, en un país donde cuesta tanto que las autoridades actúen contra negocios ilegales, aquí los afectados sean los que intentan aferrarse a la ilegalidad con uñas y dientes.
Los mismos que en otros tiempos operaban con la venia de la corrupción, hoy acuden a los tribunales para intentar que les regresen su “legítimo derecho” a seguir lucrando con la explotación de personas.
Pero la jugada ya les salió mal: con la nueva reforma aprobada por el Congreso, cualquier intento de apertura será sancionado con cárcel y multas. En pocas palabras, ya no hay amparo que valga.
Por supuesto, habrá quienes insistan en que se trata de una medida exagerada, pero la realidad es que si estos lugares fuesen solo un entretenimiento inocente y regulado, no estarían vinculados constantemente con delitos graves. Al tiempo.
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