El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local criticó la actuación del gobierno para atender la devastación socioambiental y a través de un posicionamiento dado a conocer señala que las acciones que realiza son desarticuladas y muestran el nulo interés por atender este problema
Tras los anuncios del Proyecto Integral del Corredor Urbano en el Zahuapan y el avance de 92 por ciento en el Programa de Acciones para el Saneamiento, PAS, a través de un comunicado el Centro Fray Julián Garcés recalcó que en el primer caso no se dice cómo aportará técnicamente para resolver los problemas de toxicidad industrial y su efecto en la salud.
A continuación el pronunciamiento integro:
Con el recién anunciado Proyecto Integral del Corredor Urbano en el Zahuapan, y el supuesto avance en el Programa de Acciones para el Saneamiento, PAS, el gobierno del estado de Tlaxcala muestra nuevamente el nulo interés de actuar de manera contundente ante la grave devastación socioambiental en el estado, y continúa con ello violando los derechos humanos de la población.
Desde hace dos décadas, habitantes de diversas comunidades de la Cuenca del Alto Atoyac, acompañados/as por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. hemos denunciado la grave devastación socioambiental, especialmente la afectación que tiene en la salud la presencia de sustancias tóxicas industriales.
Hemos señalado también que este problema es, en buena medida, resultado de la falta de acción gubernamental, que ha concluido en la violación de nuestros derechos humanos, particularmente los derechos al medio ambiente sano, la salud, al agua y su saneamiento, y a la participación ciudadana.
El 29 de abril de 2021 entregamos, a la entonces candidata y hoy gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, nuestra Agenda Ciudadana ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la cual se comprometió a cumplir. Respecto a la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac, uno de los puntos demandados fue que “su gobierno se comprometa con el saneamiento integral de la cuenca con metas y plazos claros de cumplimiento y que incluya la participación real de las comunidades. Que cese la simulación y que se considere nuestra Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como documento base de cualquier plan estatal”.
A más de un año de la actual administración, manifestamos nuestra preocupación porque no se muestran avances concretos que lleven a la garantía de los derechos humanos de los cuales hemos estado denunciando su violación sistemática y, por el contrario, se insiste en acciones desarticuladas.
Un ejemplo de lo anterior es el recién anunciado Proyecto Integral del Corredor Urbano sobre el Primer Tramo del Río Zahuapan, para el que ya se otorgó una inversión de 146 millones 245 mil 318 pesos. Este proyecto, además de que no se muestra articulado a lo que pudiera ser un Plan integral de saneamiento o restauración de la Cuenca entera, se anuncia con una inversión muy considerable pero no se dice cómo aportará técnicamente para resolver los problemas de toxicidad industrial y la vinculación que las sustancias emitidas y descargadas pueden tener con los daños a la salud que ya existen en la Cuenca, sino que tiene como centro el turismo y la dinamización económica comercial.
Otra de las acciones del gobierno estatal se ha basado en minimizar la demanda comunitaria de atender de manera integral la devastación de la Cuenca del Alto Atoyac a través de la elaboración e implementación de un Programa Integral de Restauración o Saneamiento, como lo estableció la Recomendación CNDH/10/2017, y reducirla al mero cumplimiento administrativo de la misma recomendación y a la de un Programa de Acciones para el Saneamiento (PAS), con actividades que se han mantenido sin estar encaminadas a resolver los problemas de fondo que causan la problemática, que no articulan los objetivos de la actuación de las diversas secretarías e instancias de gobierno, que no incluyen información y apertura para una participación ciudadana real y, como ya hemos dicho antes, que no van encaminadas a garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y su saneamiento de manera integral en la Cuenca del Alto Atoyac.
Por lo anterior, la afirmación hecha el día de ayer por Lorena Cuéllar Cisneros, en la que señala que el gobierno de Tlaxcala alcanzó el cumplimiento del 92% del PAS 2022, no debería considerarse un logro significativo, en tanto que el porcentaje representa solo el número de acciones hechas, pero no indica que la contaminación, particularmente la generada por la industria, así como las enfermedades vinculadas a la presencia en el ambiente de tóxicos industriales estén disminuyendo.
Quienes por dos décadas hemos denunciado públicamente la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac exigimos al gobierno del estado de Tlaxcala que:
Se elabore un Plan para el saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac, de la mano con la ciudadanía, generando una articulación real entre las diferentes instancias gubernamentales, contemplando las del ámbito federal, y que evite la dispersión de las acciones que realiza el gobierno estatal.
Deje de invertirse en obras de relumbrón y se ponga al centro, conforme al Plan que se tiene que construir, la realización de acciones integrales que lleven a la garantía de los derechos humanos al medio ambiente sano, la salud, el agua para el consumo humano y su saneamiento. De lo contrario, puede generarse un dispendio de recursos, beneficiando únicamente a las empresas constructoras.
Que la valoración de los avances que se vayan dando para la restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac se haga en conjunto con personas de la sociedad civil, la academia y las comunidades, teniendo como indicadores principales:
La disminución de las emisiones y descargas tóxicas vertidas por la industria.
La disminución de las enfermedades relacionadas con la contaminación.
La recuperación de la biodiversidad destruida en los últimos 40 años.
¡No hay justicia social, sin justicia ambiental!
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