La prisión preventiva de oficio deberá ser ahora revisada por los jueces cuando se cumplan dos años de hacerse dictado las medidas a los acusados que no hayan recibido sentencia, aún cuando se trate de un delito grave.
Lo anterior, de acuerdo a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que implica que la prisión preventiva como medida cautelar, no debe durar más de dos años, salvo que en aquellos casos en que derive de la estrategia de defensa del imputado.
Con esto, la SCJN determinó que esta medida debe revisarse a los dos años y solo se podrá mantener por razones que lo justifiquen, toda vez que la prisión preventiva se considera profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y debe ser revisable, de acuerdo a la sentencia emitida.
De esta forma, la prisión preventiva de oficio debe analizarse y de comprobarse que dichos elementos no son suficientes para continuar con la medida cautelar será retirada y porcederá a debatir la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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