El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local señaló que es necesario establecer una estrategia integral para combatir este problema que aqueja y estigmatiza Tlaxcala y señaló que es urgente la elaboración y aprobación del Plan Estatal contra la Trata de Personas 2021-2027.
La asociación civil reprobó que autoridades minimicen este problema y se reduzca incluso a simples números, al grado en que la misma alcaldesa de Tenancingo, Micaela Guzmán negara en noviembre del año pasado de manera categórica que existan actividades de trata en la demarcación que gobierno, cuando ha sido señalado de manera reiterada a nivel nacional e internacional.
La agrupación recordó que en 2021 al emitirse la Alerta de Genéro en la entidad Tlaxcalteca, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que Tlaxcala es una de las entidades con índices altos de trata de personas y explotación sexual.
Asimismo, la asociación civil se refirió a la sentencia de la red de la familia Meléndez Rojas, hecha por la corte Federal del Distrito este de Nueva York en Estados Unidos, la cual constó de 39 años de prisión, dictados a cinco integrantes de esta red de tratantes originarios del municipio de Tenancingo, la cual operó por más de 10 años, hasta que una de sus víctimas pudo escapar, lo cual muestra esta actividad en el territorio estatal.
Ante ello, a través de un comunicado la asociación civil enfatizó que aunque este hecho es relevante en cuanto al acceso a la justicia para las víctimas, evidencia que hay un problema patente en el estado que debe ser atendido de manera adecuada e integral, por lo cual se ha pedido que se convoque al Consejo Estatal contra la Trata, donde se integran tanto dependencias como organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, enfatizó que los testimonios ante este este caso, son las vivencias de las víctimas ahora mismo y pueden ser las vivencias de muchas otras si no se realizan estrategias claras y efectivas que prevengan esta grave violación a los derechos humanos.
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