En diciembre pasado Víctor Manuel Virueña escribió sobre los riesgos de la gobernabilidad en California ante medidas de restricción y que, de acuerdo a su perspectiva, la segunda ola de COVID-19 se está cebando en Estados Unidos, todos los días se rompe un nuevo récord de casos detectados y de muertos; la cifra total se eleva a 16.2 millones de enfermos y trescientos mil muertos, colocando a la nueva enfermedad como tercera causa de muerte en 2020, solo detrás de las enfermedades cardiacas (655 mil 351), del cáncer (599 mil 274) y muy por delante de los accidentes (167 mil 127). Esta semana, la administración federal aprobó el uso de emergencia de la vacuna creada por la farmacéutica Pfizer y se prevé que en un par de semanas se autorizará la vacuna de Moderna, con lo que comenzará la campaña de vacunación más intensa de la historia, porque tomará por lo menos un año para conseguir inocular a la mayoría de la población estadounidense.
Ahora bien, ante este panorama, las circunstancias se presentan así, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, hace algunas semanas firmó una nueva orden ejecutiva para disponer el cierre de comercios no esenciales para detener la ola expansiva de contagios, producida por las fiestas de Halloween a finales de octubre y las reuniones familiares en el Día de Gracias el pasado 26 de noviembre. La medida ha sido vigorosamente rechazada por los dueños de pequeños negocios como restaurantes y salones de belleza, que han sufrido el cierre de sus locales por más de siete meses y que ya no tienen reservas financieras o ayudas gubernamentales para sobrevivir.
En varios condados, los sheriffs encargados de hacer cumplir la ley se han rebelado también y se niegan a obedecer la orden del gobernador Newsom; por ejemplo, en el condado de Riverside, el tercero con más casos de COVID-19 en el estado, el sheriff Chad Bianco ha llamado la ley “ridícula e hipócrita” en clara referencia a que el gobernador fue visto departiendo en una fiesta de cumpleaños en Napa hace unos días. El sheriff Bianco ha sido enfático en varias entrevistas para señalar que de ninguna manera arrestará o multará a ninguna persona “que ejerciendo su libertad constitucional abra su negocio y trate de sobrevivir”, lo que de inmediato ha provocado aglomeraciones en calles comerciales y un sentimiento de triunfo sobre la “dictadura” de un gobierno estatal que no ha sabido transmitir la magnitud de la pandemia o ha subvalorado los daños a la economía y el como la necesidad es más grande que el miedo a enfermar.
En nuestro país, la situación se caracteriza por la persistencia en reunirse, en salir sin motivo, en hacer caso omiso de las recomendaciones sanitarias, comenzando por el presidente, cada vez cobra más fuerza la idea de la desobediencia y enfrentar a la autoridad no acatando las recomendaciones.
Aunque existe la figura de la desobediencia a mandatos de la autoridad, consideramos necesario abrir la discusión sobre diversos elementos que traerá la emergencia sanitaria en los próximos años, ya que será necesario reflexionar sobre las bases de la gobernabilidad, incluso el análisis del sustento del pacto federal, sobre todo pensando en la mencionada desobediencia a la autoridad y los cuestionamientos de algunos gobiernos estatales a la autoridad federal.
El asunto no es menor, ya que las implicaciones pueden ir más allá de simples declaraciones o las advertencias de intentos por enfrentar la pandemia a través de medios surgidos de los gobiernos locales.
En resumen, consideramos que superada la emergencia sanitaria vamos a enfrentarnos a cuestionamientos profundos sobre las bases del federalismo, la naturaleza de la autoridad, el sentido de la obediencia de la ciudadanía, entre otros.xx
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