Vicente Morales Pérez y Rubén Terán Águila, fueron designados como Presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y del Comité de Administración, respectivamente, por lo cual Morena y sus aliados tendrán el control de las finanzas en este poder.
El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala nombró al Diputado Vicente Morales Pérez como presidente del Comité de Administración, para el primer año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura.
En el desarrollo de la primera sesión ordinaria, las Diputadas y Diputados locales votaron unánimemente a través de una cédula, por el Congresista emanado del Distrito V con cabecera en Yauhquemehcan, para que sea éste quien encabece el órgano de administración y vigilancia de las dependencias y entidades del Congreso del Estado.
La Ley Orgánica establece en su artículo 73 que, para la integración del Comité de Administración de la Legislatura, el Pleno la constituirá en la primera sesión ordinaria de cada año; "para ello cada grupo parlamentario propondrá a un Diputado de entre ellos se elegirá un Presidente por mayoría simple de votos"
Las decisiones del Comité serán válidas y tendrán el carácter de obligatorias siempre que sean aprobadas al menos por mayoría de votos.
Como vocal del Comité de Administración quedó integrada la Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el Diputado Fabricio Mena Rodríguez en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Diputada Maribel León Cruz en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y el Diputado Bladimir Zainos Flores en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala.
El Comité de Administración tiene la facultad de administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Poder Legislativo, informando trimestralmente del ejercicio de estos recursos a la Junta de Coordinación y Concertación Política, independientemente de que, en cualquier momento, ésta le requiera dicha información.
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