Dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que se realiza en todo el mundo desde hace 30 años, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que guarda la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala, y la demora en la realización de acciones contundentes y concretas para enfrentar esta grave violación a derechos humanos por parte del gobierno del estado.
Las investigaciones comunitarias y académicas que documentan la trata de mujeres, así como los informes al respecto de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muestran claramente el daño a las mujeres, y las implicaciones nacionales e internacionales que se generan desde Tlaxcala por este delito.
Nuestra demanda de acciones al Estado ha sido constante, con base a legislación nacional e internacional que obliga a los gobiernos a actuar ante la trata. Así, destacamos que el 29 de abril del presente año, entregamos a la ahora gobernadora, Lorena Cuéllar, la Agenda ciudadana ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Ella firmó y se comprometió, de puño y letra, “a cambiar esta triste historia que ha sido motivo de muchas luchas”. Una vez en el cargo, nos ha sido relevante el acercamiento de funcionarias de su gabinete para dialogar sobre el tema, y las reuniones que hemos sostenido a fin de revisar la situación y las propuestas que hemos construido ante la trata.
En seguimiento a ese diálogo, el pasado 14 de septiembre presentamos y entregamos a la Coordinadora de Planeación e Inversión del Gobierno actual la Propuesta del programa estatal contra la trata de personas 2021 – 2027, siendo una versión revisada y actualizada del programa que el anterior gobierno no ejecutó. En teoría, desde la Coordinación General referida, se convocaría a las y los titulares de las dependencias y organismos integrantes del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que marca la Ley para prevenir, sancionar y erradicar en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala, para que se les hiciera una presentación formal del Programa Estatal contra la Trata. Sin embargo, esta reunión hasta la fecha no se ha llevado a cabo.
La simulación del Estado ha sido una constante, sexenio tras sexenio. Es un avance reconocer el problema y comprometerse a actuar, sin embargo, esto resulta hueco si no se concretan los acuerdos y acciones para realmente abocarse a la atención y eliminación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la entidad.
Por lo anterior, el pasado martes 23 de noviembre, entregamos en la oficina de la gobernadora una misiva, demandando concretamente lo siguiente:
Primero. Que dé instrucciones al Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, para que en su calidad de Presidente del Consejo Estatal (Art. 40 de la Ley estatal en la materia), convoque al Consejo Estatal contra la trata de Personas para la elaboración y aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2021 – 2027.
Segundo. Participar como sociedad civil y academia en la siguiente sesión del Consejo Estatal contra la Trata, con el objetivo de presentar y dialogar la Propuesta del programa estatal contra la trata de personas 2021 – 2027 que entregamos el pasado 14 de septiembre.
Tercero. Dadas las graves dimensiones que ha tomado la violencia hacia las mujeres en el estado, incluida la trata con fines de explotación sexual, y dada la urgencia de prevenir este problema, dé instrucciones al Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, para que inicie mesas de trabajo con sociedad civil y academia, con el objetivo de elaborar e impulsar un proceso de transversalización de la prevención de la violencia y la trata de mujeres en el sistema educativo (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad).
Actuar ante la trata de personas, no solo implica un discurso político, sino el cumplimiento del Estado de Derecho, que obliga a favorecer el ejercicio del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Hay leyes estatales y nacionales que refieren las obligaciones, además de que la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres recientemente decretada para Tlaxcala también lo indica.
Aunado a ello, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, asienta claramente que la trata de personas y la prostitución forzada son evidentes formas de violencia hacia las mujeres, mientras que la Declaración y la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, de Naciones Unidas, obligan al Estado a tomar medidas para combatir la trata de mujeres. Vivir libres de violencia, libres de trata es un derecho; garantizarlo, es una obligación del Estado.
Te podría interesar...
