En un clima de creciente tensión social, colectivos feministas y educativos de Tlaxcala han alzado la voz ante lo que consideran una grave negligencia gubernamental en materia de seguridad escolar.
El pronunciamiento emitido el 1 de abril de 2025 por la Red de Estudiantes y Maestras Feministas y la Red de Maestras Unidas de Tlaxcala evidencia el hartazgo ciudadano tras el reciente ataque a una estudiante de primaria en San Miguel Xochitecatitla, Nativitas.
El incidente, calificado como "aberrante" por los colectivos, ha generado una ola de indignación que trasciende el ámbito educativo.
La menor, alumna de la Escuela Primaria "General Domingo Arenas", fue víctima de múltiples violencias mientras se dirigía a su centro escolar, en un episodio que, según las organizaciones firmantes, pone en evidencia "la incompetencia y deudas del gobierno en materia de seguridad".
"La reacción de los habitantes de la comunidad, dispuestos a hacer justicia por su propia mano, evidencia la creciente desconfianza en las instituciones", señala el documento, que dirige sus críticas directamente hacia el presidente municipal de Nativitas, Óscar Murias Juárez, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el Secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández.
El pronunciamiento expone una realidad inquietante: la violencia sistémica y de género continúa afectando a las mujeres en los espacios educativos de Tlaxcala, sin que las autoridades implementen medidas efectivas para garantizar entornos seguros.
Los colectivos exigen estrategias concretas que salvaguarden la integridad de la comunidad estudiantil y prevengan futuros actos de violencia.
"No permitiremos que nos arrebaten la tranquilidad. Gritaremos hasta que la justicia se haga costumbre", advierten los colectivos, dejando claro que la sociedad tlaxcalteca ha comenzado a organizarse ante lo que perciben como inacción gubernamental.
La falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades estatales solo profundiza la crisis de confianza institucional, mientras la ciudadanía demanda garantías básicas de seguridad para que ninguna niña deba "salir de casa con miedo" para ejercer su derecho a la educación.
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