Durante su exposición de motivos, la legisladora aseguró que México cuenta con bosques que brindan servicios ambientales esenciales —captación y regulación de agua, conservación de la biodiversidad, captura de carbono y protección del suelo— y en Tlaxcala la zona de La Malinche destaca también por su aporte al turismo y la economía local. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento sostenido de incendios de origen humano, donde más del 90 % de los siniestros responden a prácticas agrícolas inadecuadas o acciones intencionales.
En 2023 se contabilizaron más de 170 incendios que afectaron a más de mil hectáreas, y en 2024 se registraron 165 siniestros con casi tres mil hectáreas dañadas, de acuerdo con cifras de CONAFOR y la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Hernández Islas recordó el gran incendio registrado en el mes de abril en Altzayanca que –aseguró- consumió más de mil hectáreas de bosques en los cerros de Guadalupe y San Gabriel, así como el ejido Buenavista, al tiempo que los municipios de Ixtacuixtla y Chiautempan sumaron más de 150 hectáreas afectadas. Estas afectaciones provocan pérdida de cobertura vegetal, erosión de suelos, muerte de fauna silvestre y riesgos para la salud pública, lo que exige acciones urgentes.
La iniciativa propone reformar el artículo 415 Código Penal local para distinguir claramente la quema no autorizada —aunque no derive en incendio de gran escala— e incorporar agravantes en casos de afectación a zonas ecológicas prioritarias, temporada de estiaje o riesgo a personas y bienes. Con ello, las autoridades dispondrán de herramientas más precisas para prevenir, sancionar y restaurar el daño ambiental, impulsando una cultura de respeto a nuestra Madre Tierra.
Tras su presentación, la propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.
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