Después de lo sucedido en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este martes el diputado local reelecto Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, solicitó en tribuna la comparecencia del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, con el fin de que explique los protocolos que se llevaron para la designación de los titulares de las dependencias.
Este ejercicio de transparencia también deberían aplicarlo los mismos legisladores, y sobretodo él, que fue uno de los diputados de la pasada Legislatura que se benefició con dos plazas sindicales para ser ocupadas por sus conocidos y familiares.
Es de recordar que los integrantes de la anterior Legislatura local, de la que él formó parte, dejó a 34 nuevos basificados en el Congreso del Estado, sin importar la carga económica que representaba eso para el pueblo tlaxcalteca. Entre los beneficiados se encontraron familiares y amigos de los entonces legisladores, y el petista no fue la excepción.
Covarrubias Cervantes se benefició con dos espacios, de los cuales, uno lo ocupó para designar a su sobrina Lupita Evelyn Bustos Cervantes, pero ¿qué criterios habría definido para esa acción?, ¿cuál es el proceso que llevó a cabo para otorgar ese espacio laboral?, ¿habría realizado una evaluación?, ¿analizado currículums o entrevistas?
Otro de los asuntos que solicitó el diputado, es información sobre las investigaciones, tanto de funcionarios que pudieron haber apoyado a Álvarez Valenzuela a irse, como del caso que lleva la Fiscalía General de la República, situación que es imposible de conceder por obvias razones (al parecer desconocidas por Covarrubias Cervantes), debido a que son casos en proceso de investigación.
La tribuna del Congreso del Estado no debe servir solo para señalar, para utilizarla políticamente a su favor, los diputados tienen la obligación de representar al pueblo tlaxcalteca y trabajar para que se tengan las mejores condiciones en materia legislativa.
Para que haya oposición fuerte, no basta con señalar, acusar y pedir, sino de coadyuvar para mantener el apego a la legalidad, ser congruente y tener credibilidad, cosas y calidad moral de la que no goza el legislador de los escándalos.
Por cierto, otro de los legisladores de “oposición”, Juan Manuel Cambrón Soria, además de señalar el presunto incremento de la incidencia delictiva en el estado (situación un tanto normal si se considera que el año pasado había confinamiento y las estadísticas delictivas disminuyeron considerablemente), también tendría que explicar por qué está vinculado con un expediente del SAT por defraudación fiscal, debido al cobro de obras públicas en los municipios de Acuamanala, Apetatitlan, Tepeyanco, Mazatecochco y Contla.
