Con la Revolución Francesa (1789) y mediante la proclama de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” el pueblo, apoyado por comerciantes y gente adinerada, derrocó al gobierno monárquico e instauró un gobierno republicano constituido por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo este último el responsable de brindar seguridad y justicia a la población en general. México retomó este tipo de gobierno.
Quienes representan el poder judicial en nuestro país desde hace ya varios sexenios gubernamentales, han utilizado discursos, promesas y buenas intenciones de servir a la ciudadanía; sin embargo, la realidad ha sido otra. Quienes han sufrido asaltos, desfalcos, secuestros, violaciones, entre otras adversidades, saben lo que es sentir desesperación, angustia e incapacidad por no recibir de las autoridades judiciales a nivel nacional, estatal, municipal y comunal, seguridad ni justicia.
Considero que los actos vandálicos responden a valores socio-culturales: igualdad, respeto, honestidad, justicia, empatía, entre otros. Sin embargo, las instituciones del Estado pareciera que no los conocen o por lo menos su proceder no van acorde a ellos, es decir, quienes tienen la responsabilidad de otorgar seguridad y justicia, no responden a las necesidades y exigencias sociales actuales o han caído en severos actos de corrupción.
Los municipios y estados siempre anteponen como pretexto para no cumplir su responsabilidad, la falta de presupuesto y quizás haya razón, pero no justificación. Los salarios de quienes ejecutan órdenes son deprimentes, contrariamente de quienes ordenan (directivos). Aunado a lo anterior, el presupuesto designado para seguridad es desviado para otros programas “prioritarios”, según ellos.
Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a resolver nuestros problemas de seguridad y justicia mediante alguna canonjía (influyentismo) o actos de corrupción (económicos principalmente); incluso asumimos actitudes triunfalistas, sabiendo que atrás de ello no nos hemos apegado a derecho, mucho menos a lo justo, (varias personas afirman: si me espero al proceso legal, nunca se resuelve mi caso o tardará demasiado tiempo). Triste realidad donde todos tenemos participación.
Los valores sociales en diversos momentos se nos olvidan y caemos en actos de corrupción. ¿A qué me refiero? Cuando salimos perjudicados en cuestión de seguridad o justicia manifestamos nuestra inconformidad y molestia de manera colectiva (marchas, bloqueo de carreteras, pintas, etc.) o individuales (huelgas de hambre, amparos, demandas, etc.) todas ellas muy válidas y respetables. Sin embargo, cuando realmente somos culpables, difícilmente asumimos responsabilidad y simplemente tratamos de culpar a cualquiera otro (institución o persona).
El crimen organizado ha sido letal en la vida cotidiana y económica de la ciudadanía mexicana. En Tlaxcala se afirma que estamos exentos de esos grupos, soy escéptico a esta afirmación; la ubicación geográfica del estado lo hace por lo menos paso de quienes integran esas organizaciones criminales. Aunque sí debemos aceptar, por estadísticas, que el estado no se compara con otros estados del país. Sin embargo, algunos líderes de opinión en diferentes medios de comunicación estatales afirman que la gente tiene miedo y vive bajo la zozobra de ser víctima de esas organizaciones ¿acaso esas opiniones tendrán un tinte político por anulación de “chayote”?
Quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la justicia, al parecer, aprendieron de la frase del filósofo griego Platón: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”. Vemos a nivel nacional y estatal como personas que han infligido la ley mediante pruebas fidedignas (asesinato, robo, peculado, etc.) son inculpados del delito cometido por autoridades federales o estatales y casi reverenciados por atentar en su integridad física y moral al ser enjuiciados. Desgraciadamente, quienes han sido beneficiadas mediante una supuesta legalidad jurídica son personas con grandes capitales económicos que obtuvieron mediante el o los delitos por lo que fueron acusados. Contrariamente otros siguen recluidos en los centros de rehabilitación sin ser culpables, pero sin dinero para resolver su situación penal. Corrupción en pleno.
La seguridad no puede convertirse en algo fortuito, ni por influencias, mucho menos reservada para algunos pocos; debe existir en todo momento, en cualquier lugar y para todos. En el caso de la justicia, quienes la ejercen institucionalmente deben actuar con profesionalismo, ética y sin ver clases sociales, color de piel, cultura, ni economía.
Si pretendemos ser una sociedad trascendente, para este momento, debemos continuar fortaleciéndonos en educación, fuentes de empleo, igualdad social, salud de calidad, etc. y así, de igual manera, se evitará el fortalecimiento del crimen organizado. También es determinante evitar los actos de corrupción por parte de quienes tienen la responsabilidad de la Seguridad y Justicia, sino lo hacemos, seguiremos siendo una sociedad aspiracionista y con actitudes bárbaras (linchamientos) y lo peor, la honestidad, el derecho y la equidad, entre otros valores sociales, seguirán siendo una utopía de todos los mexicanos o … ¿Usted qué opina?
PD.
Enhorabuena para todos los maestros que se manifestaron para exigir sus derechos ante disposiciones arbitrarias por parte de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Aunque también debemos recordar, cuando se dejó en manos de algunos representantes sindicales (deshonestos) defender los derechos de sus afiliados: Jubilados y Pensionados perdieron el pago de 90 días de aguinaldo, prima vacacional, entre otros beneficios económicos y de salud; los maestros en activo también fueron afectados en prestaciones económicas y servicios de salud. Al respecto, sería trascendente que se iniciara una lucha gremial encabezada por los Comités Ejecutivos sindicales, respaldada por sus afiliados (con su presencia) como sucedió recientemente y recuperar lo perdido.
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