El gobierno de Tlaxcala atenderá la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos del acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal en perjuicio de ocho personas probables víctimas de trata, sostuvo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
"Siempre, siempre cumpliremos con todas las recomendaciones, lo hemos hecho hasta ahorita, y nos interesa siempre estar cerca de las mujeres, que se sientan atendidas", enfatizó la mandataria.
La recomendación 99/2022 de la CNDH que fue dirigida al gobierno de Tlaxcala, al titular de la Fiscalía de Querétaro y la Fiscalía General de la República (FGR) se deriva de una queja presentada sobre el caso de una mujer que denunció ante la Fiscalia General de la República (FGR), los delitos de matrimonio forzado y servil y trabajo forzado, la cual fue turnada a la autoridad tlaxcalteca, después de que la fiscalía se declaró incompetente.
De acuerdo a la CNDH, se documentó que tanto personal de la FGR como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) no realizó exámenes ginecológicos y psicológicos, los cuales están determinados en los protocolos de actuación, para obtener pruebas sobre la agresión sexual.
Además de ello, la recomendación señala que los servidores públicos de la PGJE “incurrieron en varias dilaciones injustificadas y omisiones, ya que no solicitaron la entrega de los informes a la policía de investigación y pasaron por alto datos enviados por la FGR para generar diligencias con el objeto de agotar diversas líneas de investigación, lo cual vulneró el derecho de justicia de la víctima”.
Ante ello, la CNDH pidió al gobierno del estado continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación para que se proceda penalmente, de igual manera pidió se inscriba a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas para la reparación del daño, al igual que solicitó se de seguimiento a las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos que incumplieron con su obligación, lo cual de acuerdo a la gobernadora Lorena Cuéllar sería realizado para atender la recomendación emitida.
La mandataria estatal dijo también que en la PGJE existen casos de hasta 15 o 20 años, por lo que se atiende el rezago, pues existe el compromiso de atender todos y enfatizó que los que corresponden a esta administración se han atendido y con ello respondió a los señalamientos emitidos por grupos de la sociedad civil sobre la tardanza de la dependencia.
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