Por vulnerarse el derecho a la justicia de una mujer desaparecida por 15 años y que fue rescatada junto a sus tres hijos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 99/2022 al gobierno del estado de Tlaxcala por un caso de trata que data de 2019.
La recomendación que emitió el organismo nacional por violaciones a los derechos humanos del acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal en perjuicio de ocho personas probables víctimas de trata está dirigida al gobierno de Tlaxcala, al titular de la Fiscalía de Querétaro y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo a la información emitida por la CNDH, el 5 de marzo de 2019 se recibió la queja de una de las víctimas sobre el caso de una mujer que denunció ante la Fiscalia General de la República (FGR), los delitos de matrimonio forzado y servil y trabajo forzado, la cual fue turnada a la autoridad tlaxcalteca, después de que la fiscalía se declaró incompetente.
Además, una semana antes de su denuncia, la mujer habría sido agredida sexualmente lo que se sumó a los otros delitos cometidos contra la mujer que había estado reportada como desaparecida por 15 años.
De acuerdo a la CNDH, se documentó que tanto personal de la FGR como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) no realizó exámenes ginecológicos y psicológicos, los cuales están determinados en los protocolos de actuación, para obtener pruebas sobre la agresión sexual.
Además de ello, los servidores públicos de la PGJE “incurrieron en varias dilaciones injustificadas y omisiones, ya que no solicitaron la entrega de los informes a la policía de investigación y pasaron por alto datos enviados por la FGR para generar diligencias con el objeto de agotar diversas líneas de investigación, lo cual vulneró el derecho de justicia de la víctima”.
En esta recomendación la CNDH pidió al gobierno del estado continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación para que se proceda penalmente, de igual manera pidió se inscriba a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas para la reparación del daño, al igual que solicitó se de seguimiento a las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos que incumplieron con su obligación.
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